El Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE) desde su elaboración ha contado con la participación y el apoyo de la diáspora haitiana en República Dominicana por vía de varias organizaciones que han respondido a diversas convocatorias del Gobierno, a la sociedad civil y la ciudadanía en general, para producir recomendaciones en vista de su mejor implementación.
Bajo el modelo de las buenas prácticas que se desarrollan entre las instancias estatales de los países grandes receptores de inmigrantes, dichas organizaciones fueron invitadas a tomar parte, junto a las autoridades, del acto inaugural del PNRE en el Palacio Nacional el pasado 2 de junio de 2014.
De parte del gobierno, es muestra de reconocimiento de la existencia de un liderazgo pujante en la comunidad haitiana y de su capacidad de interlocución.
En ese sentido, hay que destacar el rol clave de estas organizaciones e iglesias a través de sus redes en crear la confianza necesaria en el Plan.
Los resultados son más que evidentes al considerar el desbordamiento, por los candidatos a la regularización, de las capacidades de los centros de aplicación, venciendo los temores y dudas.
Además, fuera de sus propias actividades de orientación y movilización, la diáspora haitiana dio un importante respaldo al Plan, ofreciendo en gran parte, el personal que sirve de intérpretes en los centros de aplicación, incluso a través de la línea telefónica habilitada en el Ministerio del Interior y Policía.
Por igual, los líderes comunitarios se han reunido con la Junta Central Electoral respecto a la aplicación de la ley 169/14 debido a las quejas de los beneficiarios relativas a las trabas burocráticas y administrativas para obtener sus documentos personales como manda la pieza legal.
En ese marco, con pleno conocimiento de causa, la diáspora haitiana ha llamado la atención de los gobiernos dominicano y haitiano, al llegar a los tres meses del proceso regulatorio, ante diversos problemas o situaciones que comprometen el éxito del Plan.
En una propuesta de 10 recomendaciones, organizaciones dirigidas por dominicanos de ascendencia haitiana e inmigrantes haitianos, han puesto en evidencia la urgente necesidad de un dialogo bilateral que permita una colaboración entre los dos gobiernos, la cual sería altamente provechosa para los candidatos a la regularización.
Entre otras, sugieren una prórroga del proceso basada en la incapacidad de los dos gobiernos de respetar sus propios plazos. República Dominicana hasta ahora no ha logrado abrir los 32 centros de aplicación, en tanto que Haití inició las operaciones del Programa de Identificación y Documentación de los Inmigrantes haitianos 36 días después con muchas dificultades en un solo centro.
Dicho planteamiento tomó en consideración tres elementos sobre los cuales no existe ninguna duda: lo primero es el anhelo de regularizar su estatus en el país de parte de todos los inmigrantes irregulares sin excepción.
El segundo elemento lo constituyen los requisitos y plazos para personas desconocedores totales de estos tipos de trámites, lo cual aumenta injustamente los riesgos de inadmisibilidad por no poder presentar correctamente sus expedientes.
El tercer elemento se encuentra en la concepción y el nombre formal del programa: “Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación Irregular radicados en República Dominicana”.
A diferencia del debate de los últimos años sobre el concepto de “transito” en relación al derecho de la nacionalidad, esta formulación no permite ninguna tergiversación. Se trata de personas que han echado raíces (arraigadas) frente a quienes cualquier forma de destierro seria condenable.
Considerando lo de arriba, la diáspora haitiana en base a la buena fe de ambos Estados y gobiernos, los insta a buscar una solución definitiva a la situación de personas cuya radicación, para la mayoría, antes de octubre 2011, fue oficialmente promovida o tolerada en República Dominicana.
