La política, como la vida, suele premiar a quienes planifican con tiempo. En ese sentido, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) puede decir que empieza ganando en términos organizativos tras la reunión de su Comité Central el pasado 22 de febrero, en la que ocho de sus dirigentes fueron preseleccionados como aspirantes a la nominación presidencial de cara a 2028.
Más allá de los nombres, el mensaje político es claro: la organización opositora ha decidido adelantarse al calendario y estructurar con suficiente antelación un proceso interno que le permita llegar cohesionada a la próxima contienda electoral.
Se trata de un mecanismo cuyo objetivo es definir un potencial candidato presidencial para octubre de este año, es decir, un año antes del plazo establecido por la ley electoral y bajo la supervisión de la Junta Central Electoral para la oficialización de las candidaturas.
No es una fórmula improvisada. El PLD ya aplicó un esquema similar en el proceso previo a las elecciones de 2024, cuando resultó nominado el exalcalde de Santiago, Abel Martínez. Aquella experiencia dejó lecciones, tanto en términos organizativos como políticos.
En esta ocasión, Martínez ha marcado cierta distancia respecto al mecanismo adoptado por el Comité Central, aunque sin cerrar la puerta a una eventual participación.
Su postura revela una mezcla de prudencia y expectativa: no rechaza el proceso, pero tampoco lo asume sin reservas. Algo parecido ocurre con la exvicepresidenta Margarita Cedeño, quien ha dejado abierta la posibilidad de buscar la candidatura.
Las encuestas que han circulado en los últimos meses sugieren que el PLD experimenta un crecimiento respecto a su votación de 2024. Esa tendencia puede entenderse desde una lógica política elemental: una parte del electorado que no se siente satisfecha con la actual gestión gubernamental tiende a mirar hacia el pasado reciente y comparar.
En ese contraste, el último gobierno peledeísta se convierte en referencia obligada frente a la administración del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
El tiempo, como suele decirse, conspira contra toda gestión. Ningún gobierno es inmune al desgaste natural del ejercicio del poder, y el actual no es la excepción.
Sin embargo, para el PLD no basta con esperar el desgaste ajeno. Su principal reto es construir un liderazgo que logre conectar no solo con sus bases orgánicas, sino con ese segmento de votantes que en el pasado le otorgó su respaldo y lo llevó al poder en cinco ocasiones no consecutivas.
Hay un segundo desafío, quizá más complejo: liberarse de la etiqueta de partido corrupto que se le atribuyó a raíz de la ofensiva anticorrupción impulsada por el Ministerio Público tras la llegada al poder del presidente Luis Abinader.
Más allá de los procesos judiciales específicos, lo cierto es que una parte significativa de la población asumió ese discurso como válido. Ese costo político fue determinante en el resultado electoral de 2024, independientemente de otros factores, como la falta de unidad plena en la campaña.
La percepción pública es un terreno delicado. Recuperar credibilidad no depende únicamente de negar acusaciones, sino de proyectar una cultura política renovada, con mecanismos internos de transparencia y una narrativa coherente que vaya más allá de la defensa reactiva. Sin ese paso, cualquier crecimiento coyuntural podría resultar insuficiente.
A esto se suma la competencia directa con Fuerza del Pueblo, una organización que disputa el mismo espacio opositor. La migración de dirigentes peledeístas hacia esa estructura ha profundizado el antagonismo entre ambas fuerzas, reduciendo las posibilidades de un frente opositor común para 2028, incluso en un eventual escenario de segunda vuelta.
La fragmentación del voto opositor podría convertirse, otra vez, en un factor determinante.
El PLD se encuentra, pues, ante una encrucijada. La organización temprana es una ventaja, pero no garantiza éxito.
Deberá conducir este proceso interno sin generar fisuras, administrar con madurez las aspiraciones legítimas de sus dirigentes y, sobre todo, construir una oferta electoral que combine unidad, discurso convincente y propuestas concretas que respondan a las demandas socioeconómicas.
