Santo Domingo.- Crear un marco jurídico para abordar de manera integral las desapariciones en la República Dominicana no ha sido asumido como una prioridad en el Congreso Nacional, pese a los múltiples casos reportados en los últimos años, cuya incidencia proyecta una tendencia al alza.
Datos oficiales dan cuenta de más de 1,050 casos de personas desaparecidas en los primeros diez meses de 2025, una cifra que comenzó el 2026 con al menos cinco nuevos reportes en los primeros días de enero. Algunos de estos casos han tenido alta notoriedad pública, como el de la niña Brianna Genao, cuyo paradero aún es desconocido para las autoridades.
En ese contexto, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, llamó a priorizar en la agenda legislativa los proyectos de ley destinados a crear un marco jurídico integral para la atención a las desapariciones en República Dominicana. A su juicio, la recurrencia de estos hechos pone en evidencia vacíos normativos y operativos que el Estado debe corregir con urgencia.
Propuestas para las desapariciones
Castaños Guzmán sostuvo que el Congreso Nacional debe retomar y activar iniciativas que ya han sido debatidas, pero que no han avanzado, con el objetivo de dotar a las autoridades de herramientas claras para actuar de forma coordinada y efectiva ante situaciones de desaparición, en especial cuando involucran a niños y adolescentes. Indicó que no se trata de hechos aislados ni recientes, sino de una problemática reiterada en distintas localidades del país.
Al referirse al caso más reciente que ha conmocionado a la opinión pública, el jurista lo calificó como grave y profundamente delicado, señalando que, según informaciones oficiales, ya hay personas bajo investigación. Valoró como positiva la decisión del Ministerio Público de solicitar asistencia internacional, específicamente al Federal Bureau of Investigation (FBI), al destacar su experiencia en investigaciones complejas y los acuerdos de cooperación judicial que mantiene con las autoridades dominicanas.
No obstante, pidió comprensión frente a la complejidad de este tipo de procesos, sobre todo cuando —como ha ocurrido en otros episodios— surgen indicios que apuntan al entorno familiar o cercano de las víctimas. Recordó que existen antecedentes en los que abuelos, tíos u otros parientes han estado involucrados, una realidad que, según estudios, obliga a prestar especial atención al entorno inmediato en el que se desarrollan los niños.
En ese sentido, subrayó que la tragedia de las desapariciones interpela no solo a las autoridades, sino también a la sociedad en su conjunto. Indicó que la vigilancia y el cuidado desde el núcleo familiar siguen siendo una línea de defensa clave, aunque insistió en que esa responsabilidad no exime al Estado de diseñar políticas públicas más robustas y eficaces.
El representante de Finjus reiteró que la repetición de estos casos debería ser razón suficiente para que el Congreso coloque este tema como una prioridad central de la próxima legislatura, evitando que proyectos de alto impacto social queden relegados o solo se reactiven tras hechos lamentables. “No estamos ante un caso novedoso, sino ante una preocupación que se arrastra y que demanda decisiones legislativas firmes”, advirtió.
Finalmente, enfatizó que lo esencial es construir mecanismos institucionales que permitan respuestas rápidas, coordinadas y especializadas, de modo que tragedias como las que hoy enlutan a familias dominicanas no continúen repitiéndose. “Ojalá que este tipo de hechos no se sigan repitiendo en el país”, concluyó, al llamar a convertir la preocupación social en acción legislativa concreta.
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