El fiscal Gerardo Pollicita, que tiene a su cargo la denuncia presentada por el fallecido fiscal Alberto Nisman contra la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y otros funcionarios, pidió al juzgado de Daniel Rafecas que impute a los sospechosos por el delito de encubrimiento.
El pedido, si es aceptado por el magistrado, significará que la mandataria, el canciller Héctor Timerman y las otras personas denunciadas por Nisman podrán ser investigadas.
De prosperar la denuncia, esta buscaría demostrar si hay alguna responsabilidad penal por parte de la presidenta y los funcionarios señalados en una supuesta obstrucción de la investigación del atentado contra el edificio de la Asociación Mutual Israelí Argentina en Buenos Aires, AMIA.
Cinco días antes de ser hallado muerto, Nisman había acusado a los funcionarios de encubrir la participación de funcionarios iraníes en aquel atentado ocurrido en 1994 y que dejó 85 muertos.
"Intereses oscuros"
En su pedido, Pollicita no solicitó la indagatoria de la presidenta y de los otros imputados, como sí se había planteado Nisman.
El fiscal fallecido había realizado su denuncia ante otro juzgado, pidiendo que se levantara la feria judicial que existía por tratarse de época de vacaciones.
La jueza que tomó su pedido no lo aceptó.
Este viernes, el jefe de gabinete de la presidenta Fernández, Jorge Capitanich, aseguró que se está tratando de ejecutar un "golpe judicial".
"La lucha en este mundo es entre democracia y oscuros grupos vinculados a poderosos intereses económicos", dijo Capitanich.
El gobierno argentino reiteró este viernes su rechazo a la denuncia de Nisman -retomada ahora por Pollicita- diciendo que "no se tomó ninguna acción de parte del gobierno para desincriminar a ciudadanos iraníes".
Por otra parte, la Procuración del Tesoro de la Nación presentó un documento en el que señala que "no hay pruebas" de los delitos que Nisman atribuía a la presidenta y otros funcionarios del gobierno.
"Maniobra desestabilizadora"
El secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, también había dicho pocas horas antes de que se confirmara el pedido del fiscal que imputar a la presidenta sería un golpe contra la democracia.
"(La imputación es) una clara maniobra de desestabilización democrática", advirtió.
El gobierno ya había desestimado la denuncia como "ridícula" cuando Nisman la presentó hace casi un mes.
Según la periodista de BBC Mundo en Buenos Aires, Veronica Smink, el pedido de imputación llega en un momento de tensión en Argentina.
Un grupo de fiscales convocó a una marcha para el próximo 18 de febrero para pedir que se esclarezca la muerte de Nisman, movilización a la que adherirán líderes opositores, sindicalistas y organizaciones sociales.
El jueves la exesposa de Nisman, la jueza Sandra Arroyo Salgado, había pedido ante el Congreso que no haya interferencias de otros poderes del Estado en la investigación de la muerte de Nisman.
Sus palabras fueron interpretadas como una crítica a la presidenta, quien se manifestó en varias oportunidades sobre el caso, atribuyendo la muerte a un complot de los servicios secretos en su contra.
¿Qué pasa ahora?
Un experto legal explicó a BBC Mundo que si el juez acepta el pedido de imputación comenzará la fase de instrucción, en la que se ordenan las diligencias de prueba.
Si el fiscal considera que hay evidencia de que se cometió un delito, entonces pedirá el procesamiento de los imputados.
En caso de que el juez acceda al pedido, acusará formalmente a los procesados
En tanto, este viernes la Procuradora General de Argentina, Alejandra Gils Carbó, anunció que un grupo compuesto por cuatro fiscales reemplazará a Nisman al frente de la fiscalía especial que investiga el atentado contra la AMIA.
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