La captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, en una franca violación del derecho internacional —del pueblo venezolano y del propio marco legal estadounidense— revela un patrón que ya no sorprende, pero sí se profundiza: el uso del poder económico, militar y mediático para controlar recursos estratégicos bajo la retórica de la seguridad global.
Históricamente, Estados Unidos ha considerado el petróleo más que un bien energético, la columna vertebral de su hegemonía imperial. En otras palabras, el petróleo no solo alimenta maquinarias: alimenta supremacías, oligarquía y grandes corporaciones.
La economía estadounidense está diseñada tomando como base el consumo excesivo, por lo que diariamente requiere alrededor de 20 millones de barriles del llamado oro negro.
Sus 46 mil millones de barriles de reservas serían consumidos en solo seis años, si el país se sostuviera únicamente con producción interna. Pero ese nunca ha sido el plan. La estrategia de Estados Unidos es clara: preservar sus reservas para escenarios extremos y saciar su sed con petróleo extranjero, ajeno, con acceso privilegiado.
Por ello, cuando la hegemonía se estanca, el saqueo se convierte en doctrina. La expansión estadounidense del siglo XX —antes disfrazada de anticomunismo y luego de lucha contra el terrorismo— ahora se justifica en nombre de la “seguridad energética” y la “defensa de la democracia”.
Pero las intervenciones recientes, desde Irak hasta Libia, demuestran que estos discursos funcionan como máscaras para operaciones cuyo verdadero objetivo es asegurar el control de materias primas esenciales.
En este mapa, Venezuela ocupa una posición crítica. Además de poseer las mayores reservas probadas de petróleo del planeta, geográficamente está situada a pocas horas de vuelo de la costa estadounidense. Su petróleo pesado es esencial para varias refinerías norteamericanas. De ahí que su autonomía resulte intolerable para la política exterior de Washington.
Las sanciones, los bloqueos, la asfixia financiera y la manipulación diplomática no buscan restaurar la democracia, más bien forzar la obediencia. Un país soberano que controla su principal recurso energético representa un precedente peligroso para otras naciones que podrían seguir el mismo camino.
La geopolítica contemporánea ya no depende únicamente de la ocupación militar. Las guerras del siglo XXI se libran con mercados, control financiero y tecnológico, y propaganda. Cuando un imperio decae, sustituye la invasión por la sanción, el fusil por la narrativa y el tanque por la especulación mediática. Pero la lógica de fondo no cambia: seguir apropiándose de lo ajeno. Eduardo Galeano, en su obra Las venas abiertas de América Latina afirma que: “el saqueo siempre se presenta como destino” (Galeano, 1971, p. XX)
La crisis estadounidense no es la falta de petróleo, es la ansiedad por el alto consumo energético. Un país que consume más de lo que produce, que basa su bienestar en la extracción global y que ha perdido capacidad para dominar militarmente regiones completas, se pone a la defensiva.
No puede permitir el uso de sus propias reservas porque eso disminuiría su poder estratégico; tampoco puede permitir que países independientes controlen recursos clave, porque eso debilitaría su influencia geopolítica. La “libertad” de otros pueblos amenaza su seguridad energética. Por eso ejerce presión, sanciona y amenaza: no porque le falte petróleo, es que no quiere gastar el suyo.
Venezuela, entonces, más que un “problema”, es un símbolo. Representa la posibilidad —peligrosa para el orden imperial— de que un país del Sur global decida administrar su riqueza natural. Y si Venezuela controla su petróleo, ¿por qué Bolivia o Chile no pueden controlar su litio?, ¿por qué Argentina no protegería su gas?, ¿por qué Brasil no preservaría su Amazonía? Cada declaración de soberanía perjudica el mundo unipolar. Los imperios no caen de golpe, se debilitan por la periferia.
La reacción estadounidense ante Venezuela es una reacción de miedo: miedo a perder el control, miedo a un nuevo mapa energético mundial, miedo a que su modelo económico — dependiente del consumo extremo— se vuelva insostenible.
En esa ansiedad imperial se despliegan métodos cada vez más agresivos: sanciones, confiscación de activos, financiamiento de traidores políticos internos, manipulación mediática y apoyo a intentos de desestabilización.
El imperio no actúa por torpeza; lo hace de manera calculada. No comete errores; diseña estrategias. Nada es accidental cuando lo que está en juego es la columna principal de su economía.
Las operaciones contra Venezuela forman parte de una política energética global, cuyo objetivo es impedir que los estados soberanos administren libremente sus bienes naturales. El petróleo bajo control venezolano, representa una amenaza estructural para la política de Washington. No por razones morales, sino por razones geopolíticas.
Lo que está en juego no es la libertad, ni la democracia, ni los derechos humanos. Lo que está en juego es, simple y llanamente lo siguiente: quien controla el petróleo, es quien controla el futuro.