Martín Vizcarra asumió el poder en marzo de 2018.
LIMA. — Perú amaneció el martes sumido en la incertidumbre luego de que el presidente Martín Vizcarra disolvió al Parlamento unicameral, dominado por la oposición, que respondió suspendiéndolo por un año por incapacidad moral y nombrando como presidenta a Mercedes Aráoz, la vicepresidenta.
No obstante, el país parecía apoyar la decisión de Vizcarra. Miles de peruanos salieron la víspera de forma espontánea a las principales calles de Lima y ciudades de los Andes y la Amazonía a celebrar el “cierre del nido de las ratas», en referencia al desprestigiado Congreso unicameral, mientras las fuerzas armadas, la jefatura policial y la Asamblea de Gobiernos Regionales le mostraron su respaldo con comunicados oficiales y visitas al palacio presidencial.
Por el contrario, Aráoz no recibió apoyo de ninguna institución pública excepto del Parlamento luego que fuera disuelto, por lo que sus decisiones no tienen ningún valor, dijo a The Associated Press César Landa, profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Las decisiones parlamentarias son “como los frutos de un árbol que ya están podridos», añadió.
Se espera que Vizcarra y su nuevo primer ministro, Vicente Zeballos, nombren en las próximas horas a su gabinete y de acuerdo con Melvin Escudero, profesor de la escuela de negocios de la Universidad del Pacífico, una de las expectativas más grandes es conocer quién será el nuevo ministro de Economía.
Escudero indicó a la radio local RPP que aunque Perú posee estabilidad macroeconómica podría producirse una depreciación de la moneda, pero aclaró que “las reservas internacionales del país aseguran que cualquier ataque a la moneda local es muy improbable».
El poderoso gremio empresarial peruano CONFIEP, cuya presidenta es afín a la oposición parlamentaria, rechazó la decisión de Vizcarra y lo acusó de haber “sumergido al país en una grave incertidumbre».
La Sociedad Nacional de Industrias, el otro gremio empresarial, invocó a “los poderes del Estado en conflicto a ponerse de acuerdo por el bien del país». \
Unos 300 policías mantenían rodeado el Parlamento y el general policial Jorge Lam dijo a la prensa que sólo estaban autorizados a ingresar al edificio legislativo los miembros de la comisión permanente del Congreso, conformada por 28 parlamentarios quienes tendrán la función de recibir los decretos de urgencia con los que Vizcarra legislará durante este periodo.
Vizcarra emitió un decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano en el que anunció que las elecciones legislativas para reemplazar a los integrantes del disuelto Congreso se realizarán el 26 enero de 2020.
Quienes eran parlamentarios no pueden postularse, de acuerdo con la ley, y los nuevos 130 legisladores culminarán sus funciones el 28 de julio de 2021, cuando Vizcarra también entregue el poder al nuevo mandatario. Pedro Olaechea, presidente del disuelto Congreso, dijo el martes a la colombiana Blu Radio que Vizcarra ha dado “un golpe de Estado» y admitió que será un “tema legal, largo, tedioso y delicado» definir quién es el presidente de Perú.
La disolución del Parlamento peruano no ocurre desde 1992. Aquel año el entonces presidente Alberto Fujimori (1990-2000) también lo cerró pero además hizo lo propio con la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, detuvo al presidente del Legislativo, sacó los tanques de guerra a las calles y censuró a la prensa. Se mantuvo ocho años más en el poder y fue reelecto dos veces.
Abandonó la presidencia en el año 2000 tras varios escándalos de corrupción y finalmente dimitió desde Japón, adonde había huido. Fujimori está sentenciado a 25 años de prisión por su responsabilidad en el asesinato de 25 peruanos durante su gestión.
También está sentenciado por corrupción. “Los peruanos no derramarán muchas lágrimas“, dijo Steven Levitsky, un politólogo de la Universidad de Harvard que ha estudiado extensamente a la nación, en referencia al disuelto Congreso. “Por ahora la democracia es probablemente segura porque todo el mundo es débil», añadió.
“Eso garantiza cierto pluralismo, pero deja al Perú vulnerable a un político demagógico».
