LIMA.-El congreso peruano aceptó la solicitud para iniciar el proceso de destitución del presidente Pedro Pablo Kuczynski horas después de que el mandatario anunciara que no renunciará en medio de un escándalo por haber recibido cientos de miles de dólares de la firma brasileña Odebrecht, en la mayor tormenta política peruana desde inicios del siglo XXI.
Con las firmas de 27 de los 130 legisladores del Congreso unicameral, dominado por el opositor Fuerza Popular que lidera la conservadora Keiko Fujimori, se inició el procedimiento para cesar al presidente por «permanente incapacidad moral», conforme a lo dispuesto por la constitución.
Luis Galarreta, presidente del Congreso e integrante de Fuerza Popular, dijo a la prensa que le comunicaron por escrito la decisión al mandatario.
La solicitud afirma que Kuczynski le mintió al Parlamento al no informar que había recibido remuneraciones de Odebrecht, lo cual constituye «incapacidad moral».
Galarreta indicó que si en la noche del viernes se aprueba la admisión del proceso de destitución con los votos de 52 legisladores, el próximo jueves 21 de diciembre se votaría el pedido para sacar del poder a Kuczynski. Esa fecha el presidente o su abogado podrían ir al Congreso para defenderse en una sesión.
Alberto Fujimori, padre de Keiko Fujimori, fue el último presidente cesado por el Parlamento peruano por «incapacidad moral» en el año 2000 luego de que intentó renunciar desde Tokio tras salir del país agobiado por los escándalos de corrupción de su gobierno (1990-2000).
El exmandatario cumple 25 años de cárcel por corrupción y asesinato. Junto a Fuerza Popular, que cuenta con 71 bancas, también pidieron la salida de Kuczynski la Alianza para el Progreso, el Partido Aprista Peruano y el izquierdista Frente Amplio.
Al momento los cuatro partidos opositores suman alrededor de 95 votos, con lo cual el destino del mandatario podría estar definido ya que se necesitan solo 87 para cesarlo. Aníbal Quiroga, profesor de leyes de la Pontificia Universidad Católica de Perú, dijo que en caso de vacancia presidencial asumirá el poder el primer vicepresidente Martín Vizcarra, actual embajador en Canadá.
Quiroga añadió que la sucesión presidencial en Perú es similar a la de Estados Unidos «donde el vicepresidente asume si el presidente muere o es cesado por el Congreso» y recordó que los ejemplos más recientes en la región son el del paraguayo Fernando Lugo en 2012 y el de la brasileña Dilma Rousseff en 2016.
«El Perú es más grande que sus problemas. Nuestro compromiso es con la gobernabilidad, respetando la constitución y las instituciones democráticas, sin importar los colores políticos», escribió Vizcarra en su cuenta de Twitter. Kuczynski anunció el jueves que no renunciará al cargo y dijo que no tuvo ningún rol en la administración de su empresa Westfield Capital cuando ésta recibió casi 800.000 dólares en pagos de consorcios liderados por Odebrecht.
Por ese entonces Kuczynski era ministro de Economía y luego primer ministro del gobierno del presidente Alejandro Toledo (2001-2006). Kuczynski «ha certificado lo que todos conocemos: que su empresa ha hecho negocios -él siendo funcionario- con la empresa Odebrecht y ese dinero ha parado (terminado) en sus bolsillos», comentó el legislador Héctor Becerril, de Fuerza Popular. Keiko Fujimori, quien perdió las elecciones presidenciales contra Kuczynski en 2016, no se ha pronunciado.
Mardonio Mucha, un agricultor que votó por Kuczynski, dijo por teléfono a The Associated Press sentirse «decepcionado porque le entregamos las riendas y resulta que también es otro corrupto».
En tanto Jorge Flores Gallegos, un abogado limeño que votó por Fujimori, comentó que «el presidente de lujo salió caro. Un tecnócrata no necesariamente es una persona preparada para la política y Kuczynski resultó con reflejos muy lentos».
Kuczynski solicitó a la fiscalía que le levante el secreto bancario para comprobar sus afirmaciones pero no explicó una larga serie de preguntas sobre por qué permitió que ingrese dinero a su empresa que estaba supuestamente destinado a su socio, el chileno Gerardo Sepúlveda.
El mandatario, de 79 años, admitió que realizó un informe de asesoría financiera para Odebrecht en 2012, cuando ya no era funcionario público y lo que según la ley no es delito, después de haberlo negado varias veces.
«Soy un hombre honesto… no voy a abdicar ni a mi honor ni a mis responsabilidades», dijo Kuczynski. La fiscalía citó para el 21 de diciembre al mandatario para interrogarlo por su presunta vinculación con Odebrecht, un día antes de que Kuczynski reciba en la casa de gobierno a una comisión parlamentaria que investiga la corrupción de la constructora brasileña.
Al igual que en varios países de Latinoamérica, el caso Odebrecht ha provocado una profunda crisis política y ha salpicado a todos los presidentes que gobernaron Perú desde el año 2000.
Odebrecht admitió haber pagado millonarios sobornos a funcionarios peruanos para adjudicarse obras públicas a las que luego aumentaba el costo.
Los dueños de las tres principales empresas constructoras peruanas están presos de forma preventiva por colusión y lavado de activos.
El expresidente Toledo (2001-2006) tiene una orden de captura internacional, su sucesor Alan García (2006-2011) está bajo investigación por presuntos sobornos y Ollanta Humala (2011-2016) se encuentra en prisión preventiva. También están siendo investigados la exalcaldesa de Lima y Keiko Fujimori.
