SANTO DOMINGO.- Tres hermanos deberán cumplir entres penas entre dos años y seis meses de prisión tras ser hallados culpables de acusados de estafar a 27 personas con la suma de 46 millones de pesos.
Los hermanos convencían a sus víctimas de invertir con la falsa promesa de retornarles atractivas ganancias de hasta un 12% mensual al capital invertido, a través de la empresa Bull Tranding, S.R.L., ubicada en el municipio de Los Alcarrizos.
Se trata de New Starlyn Toribio Cruz y Wendolyn Magdalena Toribio Cruz quienes deberán cumplir dos años de prisión y Maverick Wendilai Toribio Cruz quien fue sentenciado a seis meses.
La Jueza Wendy Polanco, de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Santo Domingo Oeste, ordenó a los procesados la devolución de los montos estafados por la suma de cuarenta y seis millones y al pago de una indemnización de treinta millones de pesos en favor de la parte querellante.
El fiscal de investigación, José Lenin Hernández, estableció en la acusación que pesa en contra de los hermanos Toribio Cruz, que los mismos, a través de maniobras fraudulentas y haciéndose pasar como especialistas en áreas financieras y administradores de capitales, estafaron a las víctimas en este proceso penal, utilizando el nombre de la sociedad comercial Bull Tranding, S.R.L., para generar confianza en los depositantes.
El documento judicial también resalta la manera en que los procesados clasificaban y captaban a sus víctimas, lo cuales eran seleccionados en las iglesias, en sus lugares de trabajo y buscaban determinados perfiles de personas que no representaran un problema para ellos.
De acuerdo con la acusación, la propuesta inicial realizada por los judicializados a las víctimas era que con sus inversiones obtendrían beneficios que oscilaban entre un 12 y 15 por ciento mensual por el capital entregado para un promedio de ganancias de aproximadamente un 144% en un año a partir del capital invertido.
Las acciones cometidas por los acusados constituyen una violación al artículo 405 del Código Penal Dominicano. Los condenados deberán cumplir sus sentencias condenatorias en los Centros de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres y Mujeres, en la provincia de San Cristóbal.
El Ministerio Público, representado durante el juicio por la fiscal litigante Andry de los Santos.
