Guatemala.- El ex mandatario Otto Pérez Molina, preso en Guatemala por acusaciones de corrupción, dice que fue derrocado y solicitó la intervención de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
La petición fue dirigida al presidente ecuatoriano Rafael Correa, al frente del organismo regional, conocido como Celac, para que a través suyo puedan interesarse y se forme y envíe una comisión al país centroamericano a constatar la situación legal y física en la que se encuentra el ex mandatario de 64 años.
El oficio fue presentado los abogados defensores por César Calderón y Moises Galindo defensores en la sede de la embajada ecuatoriana en Guatemala. Según Calderón, “el presidente Correa lo llamó, estaba preocupado por su situación y se puso a sus órdenes” en septiembre.
El abogado dijo que la Celac recibirá un documento en el que se incluye dudas sobre la legitimidad de la salida de Pérez Molina del gobierno.
“Pensamos que hubo presión política también. Antiguamente los golpes se daban con cuartelazos y hoy en día son con procesos judiciales”, dijo Calderón.
Los defensores del ex presidente también anunciaron que accionarán contra el Estado guatemalteco ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por supuestamente violentar sus derechos.
Pérez Molina renunció a la presidencia el 2 de septiembre, luego de que la fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala iniciaran investigaciones en su contra por supuestamente conocer, facilitar su operación y beneficiarse de una estructura que defraudó al Estado guatemalteco por varios millones de dólares.
Según la Comisión, la estructura denominada “la Línea” estaba integrada por funcionarios y particulares que recibieron sobornos de empresarios para que les ayudaran a evadir impuestos. La ex vicepresidenta Roxana Baldetti también se encuentra detenida.
Los dos ex mandatarios son acusados de los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial defraudación aduanera. Otras 100 persona también son investigadas por el caso.
El miércoles un juez ordenó la prohibición de salir del país a 50 medianos empresarios entre ellos de nacionalidad coreana y guatemalteca, que habrían utilizado la estructura para evadir impuestos.
