Entre los familiares que visitaron a los imputados estuvo Lucía Medina. No se le permitió acceder a la celda. ELIEsER TAPIA
SANTO DOMINGO.-La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) acusa a Juan Alexis Medina de beneficiarse de procesos de compra de urgencia y haber logrado libramientos de pagos por un monto global de un poco más de RD$200 millones .
Estos libramientos de pagos estuvieron segmentados en RD$ 70.3 millones a favor de la empresa Domedical Supply, SRL y RD$129.7 millones a favor de la Compañía General Medical Solution.
Así se hace constar en la orden de allanamiento autorizada por el juez coordinador de los juzgados de instrucción del Distrito Nacional, José A. Vargas.
La orden indica, además, que Alexis Medina, quien es hermano del expresidente de La República, Danilo Medina, aprovechó su condición familiar para incidir en la obtención de dichos contratos de ventas bajo la autorización del entonces ministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo, y del contralor, Rafael Germosén.
Hidalgo autorizaba procesos de compra catalogándolos como de emergencia y Germosén ordenaba los pagos a las empresas.
Las compañías de Medina eran operadas por los imputados Víctor Guillermo Librán Báez, Cesar Ezequiel Féliz Cordero, José Dolores Santana Carmona y Omalto Gutiérrez, a quienes la Pepca tilda de testaferros.
Uno de los casos
Uno de estos procedimientos ilegales fue la compra de kits preventivos Semana Santa 2013, que fue declarado de urgencia por Hidalgo así como por la Dirección General de Contrataciones Públicas, generando dos compras a favor del entramado societario de Alexis por un monto de RD$ 12 millones.
“Estas adquisiciones no fueron contempladas en el Plan Anual de Compras del año 2013 ni constituyeron una urgencia fundada en situaciones de caso fortuito, inesperadas, concretas y probadas”, reza el expediente.
Agrega que tanto Hidalgo como Germosén actuaron en consenso para efectuar el libramiento de los pagos aun a sabiendas de que infringían las normas.
Como prueba de esto, la Pepca cita comunicaciones sostenidas por Hidalgo con la directora General de Programas Sostenidos del Ministerio de Salud Pública, Olandra del Rosario.
Esta última le solicitó al entonces ministro una resolución para ordenar las compras (esto debido a que los insumos de salud a raíz del decreto 608-12 son dominio exclusivo del Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico), cosa que finalmente realizó Hidalgo.
Dicha resolución fue suspendida por no contar con la debida apropiación de fondos pero en dispensa solicitada a Germosén, solo se menciona la parte emitida por Hidalgo.
Sociedad civil apoya
Participación Ciudadana, expresó, a través de un comunicado de prensa, que la estrategia del Ministerio Público no debe detenerse en los testaferros y colaboradores de los actos de corrupción, y debe alcanzar a los beneficiarios finales de la misma, así como identificar y perseguir no solo los casos de enriquecimiento personal, sino también a aquellos que tenían como objetivo financiar las campañas electorales con dinero producto de la corrupción, abarcando tanto el sector público como el privado.
A su vez, La Fundación Justicia y Transparencia respaldó las investigaciones del Ministerio Público, al tiempo de pedirle a la Procuraduría que tome todas las medidas de rigor para garantizar el debido proceso de ley, como presupuesto base de una sana administración de justicia.
También se mostró a favor el movimiento Bien Común. El grupo exhortó a la ciudadanía a expresar su apoyo a las investigaciones encabezadas por la procuradora Miriam Germán Brito, tras calificar de históricos los apresamientos.
Entre los familiares que visitaron a los imputados estuvo la expresidente de la Cámara de Diputados, Lucía Medina.
No se le permitió acceder a la prisión preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde permanece el grupo de los detenidos a la espera de que les sean conocidas medidas de coerción.
Dicha solicitud se esperaba fuera depositada en horas de la noche de este lunes ya que el Ministerio Público solo cuenta con 48 horas para hacerlo. Una vez que sea depositada, la audiencia será agendada según el turno más cercano disponible.
Parte del ambiente
—1— Abogados
El abogado de Fernando Rosa expresidente del Fonper dijo que su cliente tiene complicaciones de salud y que esto debe ser tomado en cuenta a la hora de la solicitud de prisión preventiva.
—2— Allegado
El secretario jurídico del PLD, José Dantés Díaz, también estuvo en el lugar en calidad de amigo de los imputados.
Medidas de coerción tomadas tras 48 horas
Procedimiento. Los abogados de los imputados han insistido en que se ha violado el debido proceso en cuanto a la forma en que fueron detenidos sus clientes.
El abogado Amadeo Peralta explicó que en la única cosa que podría ser criticable sería la hora de la orden de allanamiento, la cual debe estar comprendida entre las seis de la mañana y las seis de la tarde a no ser que un juez ordene el apresamiento en un horario distinto. “Esto fue naturalmente lo que pasó, por lo que puedo decir que el procedimiento estuvo apegado a la norma vigente.
El también abogado Juan José Eusebio dijo que, en relación con el período de 48 horas que tiene el Ministerio Público para presentar ante el juez la solicitud de prisión preventiva, es suspendido tan pronto se deposita la solicitud.
“A partir de ahí se detiene el plazo. De manera que, en ocasiones, aunque pasen más de 48 horas para la audiencia, ya la solicitud escrita ha sido depositada en el tribunal y no se sigue corriendo el plazo”, expresó.
Agregó que los abogados defensores deberán prepararse para la audiencia a los fines de presentar todas las pruebas de arraigo social, familiar y económica de los imputados.
