José Luis Taveras, uno de mis columnistas más admirados, acaba de meter nueva vez su dedo en una purulenta llaga social, el tema de la paternidad irresponsable, particularmente de funcionarios o legisladores cuya representación debería significar un estándar ético y moral ejemplar.
Pedirles a políticos que no sean corruptos sería tan pueril como esperar que los Reyes Magos pongan en mayo.
Pero mientras la persecución judicial de la corrupción es enorme tema, hay cuestiones aparentemente menores pero cuya importancia amerita ponerles asunto.
Una es lo que en inglés llaman “dead-beat dads”: padres naturales o biológicos que pretenden desentenderse de su obligación moral y legal de mantener a sus hijos.
Quizás nada retrate mejor la ruindad, bajeza y condición de “sinservir”, que la anti-natural pretensión de negarle sustento material a su prole. José Luis propuso que la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental “publique los nombres de legisladores y funcionarios con procesos judiciales abiertos por incumplir” esa manutención, para cancelar los funcionarios y abochornar los legisladores.
Apoyo entusiastamente esta excelente idea.
