En estos días fui testigo, involuntario, de un acto más de perversión de los mecanismos existentes para la asignación de pensiones del Estado, hecho marcado por la ilegitimidad y una afrenta a la moral social.

Conversaba animadamente con una persona allegada en el municipio de Guerra, provincia Santo Domingo, cuando se presentó un individuo de alrededor de 60 años de edad; aparentaba prisa y nerviosismo.

Ella se apartó unos metros para conversar con el recién llegado.

No alcancé a escuchar la conversación, pero por el lenguaje corporal de ambos sabía que existía desacuerdo en el diálogo.

La conversación no excedió el cuarto de hora, tiempo que aproveché para servirme el café que mi interlocutora estaba preparando en el momento de la inesperada visita.

Dada la confianza que me profesan en ese hogar, terminé de preparar la aromática bebida. También me serví la taza de café correspondiente.

Concluida la conversación, la dama, evidentemente molesta, me ofreció detalles de la poco agradable conversación. Me dijo que durante una parte de los 20 años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana el hombre ostentó un salario de los denominados “botellas”, en vista de su condición de dirigente medio de esa organización.

Una vez el peledeísmo perdió las elecciones del 2020, él le aconsejó, alegando principios ideológicos, que debían migrar a la Fuerza del Pueblo, de Leonel Fernández, a lo que ella accedió junto a más de una docena de familiares.

La nueva visita ahora era para hablarle de otra migración política, esta vez al oficialista Partido Revolucionario Moderno. Le reveló que él había cobrado el primer mes de una pensión solidaria del Estado cuyo monto ascendía a RD$60,000.00; y aseguró que le gestionaría una, sin especificar el monto.

Sin embargo, la joven profesional le dijo que, por los mismos principios que él la convenció para migrar políticamente, los usaba para no dar ese nuevo paso.

Esta realidad muestra cómo se han pervertido los mecanismos legales para la asignación de pensiones a cargos del Estado, traspasando el marco de lo moralmente aceptable.

Mientras, de acuerdo con el propio presidente Luis Abinader, ha firmado decretos para otorgar pensiones solidarias a más de 62 mil dominicanos y dominicanas; miles de servidores públicos que sí cumplen con los requisitos no logran el legítimo propósito debido a trabas gubernamentales y privadas.

La prevalencia de intereses particulares y grupales sobre los colectivos sigue constituyendo un obstáculo en el camino de construcción de una sociedad dominicana más desarrollada, justa y solidaria.

Resulta motivo de vergüenza que servidores públicos a los que durante más de 20 años se les ha negado el derecho a recibir una pensión justa a través del Régimen de Reparto Estatal, amparados en preceptos establecidos en las leyes 379-81, 41-08 y 87-01, de Pensiones y Jubilaciones del Estado, de Función Pública y de Seguridad Social, respectivamente, sigan «penando» como mendigos.

El Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), a través de sus cómplices en la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA), la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) y la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP), continúan la burla frente a los servidores públicos respecto al traspaso de los fondos.

Nadie duda de las atribuciones legales del Poder Ejecutivo de otorgar pensiones, pero esa legalidad adquiere la condición de ilegitimidad cuando el fin es perverso y se hace solo procurando beneficios políticos coyunturales, dejando de lado la meritocracia.

En tanto a los servidores públicos que reúnen los requisitos para recibir sus pensiones, solo les queda continuar la lucha. Conforme al refranero, “un día ahorcan blancos”.