El gobierno anunció recientemente con bombos y platillos que el presidente Abinader decretó pensionar a varias docenas de periodistas, con cargo al Erario. Ayer vi que un gremio de locutores reclama que merecen igual privilegio.
Tienen razón, como también los maestros, enfermeras, policías y guardias, guachimanes, choferes y empleados del comercio, agricultores, pescadores y hasta filósofos o maipiolos.
La pensión es, o debe ser, una asignación mensual que la seguridad social o el empleador pagan al empleado al jubilarlo por vejez, años de servicio, incapacidad u otro motivo válido. Es una aberración impositiva, legal, social, política y moral, que el gobierno decida favorecer a uno u otro periodista, o cualquier particular, que nunca ha trabajado en el gobierno, con una pensión estatal.
No cuestiono que alguien merezca o no una pensión, solo que esta corresponde darla al empleador o al sistema de seguridad social. Tan irregular como las pensiones ilegales es el cómplice silencio de mucha prensa y de líderes políticos, empresariales, sindicales y otros. Tanta conformidad lesiona la democracia.
