Hemos visto de nuevo abordar el tema de las pensiones en un afán populista, violento y provocador, incluyendo seudo turbas en actitud de agresión frente a los poderes del Estado, lo cual ha sido rechazado por todos.

Una actitud que contrasta fuertemente con voces más serenas y sensatas que reconocen tanto la validez de nuestro sistema previsional como por quienes aportan inquietudes para su mejora y una mayor inclusión.

El momento actual se caracteriza por tres fenómenos adversos que afectan a los trabajadores del país.

El primero es el enorme grado de informalidad en nuestra economía, excluyendo a millones de las posibilidades de gozar de un trabajo digno con la adecuada protección social.

Así mismo, sus propias condiciones de informalidad los aleja de la seguridad económica y los mantiene al margen de ingresos adecuados más allá de la subsistencia.
El segundo es el desempleo.

La pandemia trajo consigo la suspensión o despido de más de 800 mil trabajadores. De estos se ha reportado el reingreso de 460 mil, dejando fuera del mercado laboral a casi 250 mil personas.

A estos se les suman los nuevos ingresantes al mercado laboral, definiendo como verdadera prioridad la reactivación económica para reabsorber los aun excluidos y la creación de nuevas posibilidades laborales.

El tercer gran desafío es el bajo nivel de ingresos de la inmensa mayoría de la población. Según los datos de la Tesorería de la Seguridad Social, el 15% de lo trabajadores registrados perciben un ingreso mensual por debajo de los RD$10,000.00.

Por igual un 35% devenga salarios por debajo de los RD$15,000.00, con lo cual al menos la mitad de los trabajadores del país perciben un ingreso muy bajo, teniéndose que esforzar la economía en crear las condiciones para elevar estos niveles.

Las prioridades deben concentrarse en resolver estos tres retos como precondición, no solo para mejorar el clima laboral, sino para garantizar la paz social y dignidad humana. Y no es con violencia y demagogia que se logra.