Frederich E. Bergés
En febrero pasado el Poder Ejecutivo sometió al Congreso un proyecto de modificación de la Ley núm. 87-01 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social.
Esta acción vino a ser el resultado de un proceso de consenso entre todas las partes, a los fines de fortalecer el régimen de pensiones, dando respuesta inmediata a los ajustes más urgentes.
El proyecto esta preñado de bondades, comenzando con un nuevo sistema de comisiones, con lo cual se irán ajustando paulatinamente los niveles de beneficios de las administradoras de fondos de pensiones, para en el tiempo irlas alineando con las mejores prácticas, tal cual hicieron los países más avanzados en su momento similar.
Por igual procura eliminar los recargos y moras de atrasos con la seguridad social, facilitando así que los municipios y las micro, pequeñas y medianas empresas se pongan al día. Con ello se podrá regularizar la afiliación a la seguridad social de más de 150 mil trabajadores, quienes así obtendrán seguros de salud, seguros de riesgos laborales y futuras pensiones, ampliando sensiblemente la cobertura del sistema.
Así mismo, fortalecer la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), con la mejoría de sus ingresos y la personalidad jurídica. Lo primero indispensable para asegurar el cumplimento de la ley y evitar las evasiones y elusiones constantes que plagan el régimen, y lo segundo para mejorar aún más la defensa de los derechos de los cotizantes.
No obstante esta iniciativa del Poder Ejecutivo, el tiempo pasa y el proyecto sigue en estudio, lo cual es una duplicación del esfuerzo de consenso realizado y con lo cual se dilatan las soluciones en favor de los afiliados. No es posible el que se quiera ahora contemplar modificaciones al proyecto, cuando lo que se requiere es acción y no más lamentos, para bien del sistema y sus afiliados.
