Kenia del Orbe
Todo parece indicar que la Junta Central Electoral Dominicana (JCE) no parece estar interesada en buscar vías alternativas que garanticen que los dominicanos y dominicanas residentes en el exterior puedan ejercer el derecho al voto en las próximas elecciones presidenciales y congresuales. En las que por ley les corresponde elegir al presidente/a y vice-presidente/a de la República Dominicana, así como a siete diputados y diputadas de ultramar que los representarían ante el Congreso de la República Dominicana, tal y como lo establece la Constitución Dominicana en su Sección II sobre la Cámara de Diputados, artículo 81 dedicado a la representación y composición.
Hasta ahora el voto de los nacionales residentes en el exterior se ha desarrollado de forma presencial, pero dada la crisis sanitaria provocada por la pandemia del Covi-19 a nivel mundial y que afecta en mayor medida a los países donde mayor cantidad de dominicanos/as se concentran (Estados Unidos, España e Italia).
Por motivos de restricciones y ante los posibles riesgos de exposición que pudiera desencadenar un nuevo brote del Covid-19 en los países afectados, es posible que peligre el derecho al voto de los dominicanos y dominicanas residentes en el exterior, esto en el caso de que la Junta Central Electoral Dominicana mantenga la fecha prevista para la celebración de las próximas elecciones (5 de julio del 2020).
Los dominicanos y dominicanas que nos encontramos en otra nación no podemos permitir que se limite nuestro derecho a elegir en las próximas elecciones, porque por ley nos corresponde, y lograr su implementación fue un proceso largo que inició sus demandas a partir de la década de los 80. Entre otros, uno de los pasos más importante para su implementación estuvo marcado por un proceso que se inició con la reforma de la Constitución dominicana. Motivado por la crisis política generada en las elecciones presidenciales de 1994 en las que el líder y candidato del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Dr. José Francisco Peña Gómez, acusó de fraude electoral al presidente de la República, que entonces era el Dr. Joaquín Balaguer, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).
Para buscar solución a la descrita crisis política, tanto Peña Gómez como Balaguer y otros líderes políticos firmaron el llamado “Pacto por la Democracia de 1994”. Entre otras disposiciones establecía eliminar la pérdida de la nacionalidad dominicana por la adquisición de otra. A partir de ahí, y gracias a las ideas visionarias fomentadas y propuestas por Peña Gómez en el famoso acuerdo, se da inició al debate de la importancia de la representación política de los dominicanos/as que viven fuera del país, tema que siguió discutiéndose hasta lograrse su ejecución formal.
Es entonces con el artículo 84 de la Ley Electoral 275-97 que se establece el sufragio de los dominicanos/as en el exterior a partir del año 2000. Pero fue en el año 2004 cuando por primera vez la diáspora dominicana ejerció ese derecho en las elecciones presidenciales de dicho año.
Ahora bien, después de tanto sacrificio que ha costado a la diáspora dominicana lograr el voto desde el exterior, específicamente a la radicada en Estados Unidos y España, no podemos permitir que intereses también políticos interfieran en una posible limitación del ejercicio del voto desde el extranjero.
En ese sentido, la JCE debería ir valorando las opciones que permitan a los dominicanos y dominicanas ejercer el derecho al voto desde el territorio donde se encuentren, para ello hay varias formas de votación que van desde el voto postal, hasta el voto por Internet y que muchos países han tenido experiencia al permitir su aplicación en comicios electorales: en el voto postal (España, Reino Unido, México, Alemania, Canadá, Italia, Panamá, etc.) y en el caso del voto por Internet (Estados Unidos, Francia, Canadá, Reino Unido, Estonia, Suiza, entre otros).
De manera que la diáspora dominicana que tanto aporta al desarrollo económico del país y que con 595,879 electores inscrito en el padrón del exterior, que representa casi un 8% del padrón general (7,9%), apela a que la JCE desarrolle su función como garante de su participación en las próximas elecciones presidenciales y congresuales.
