Claudio Caamaño Vélez
Imaginen que tienen un local, y alguien les propone alquilárselo para una peluquería. Pero en el contrato establece que sus expectativas son pelar mil personas al mes, y si no llega ahí, ustedes tienen que pagarle la diferencia. ¿Entrarían en ese negocio?
Algo similar ocurre con el famoso “peaje sombra” de la Autopista del Nordeste (que no es autopista sino carretera), donde el gobierno dominicano hizo el verdadero negocio del “capaperro”.
Una empresa privada la construiría, y del cobro del peaje sacaría su inversión más ganancias; hasta ahí vamos bien. El problema es que el contrato estableció una estimación de vehículos que pasarían cada año, y que si no se llegaba a esa meta, el Estado Dominicano pagaría la diferencia.
Para que entendamos el asunto, en ocho años de ese negocio, le hemos pagado a esa empresa por concepto de “peaje sombra” 563 millones de dólares (más de 2,500 pesos por cada dominicano), una vez y media el costo total de la obra (305 millones de dólares), esto sin contar lo que le entra por concepto del carísimo peaje que cobra a los usuarios.
Se estima que en 18 años que quedan de contrato, los dominicanos le pagaremos a esa empresa 5 veces lo que costó esa obra sobrevalorada, donde cada metro de carretera salió por más de 150 mil pesos.
Ese “peaje sombra” es un robo a la clara, una estafa hecha a la luz del sol a través de mecanismos oscuros.
Los dominicanos debemos exigir la renegociación de ese contrato, o más bien su anulación.
No podemos hablar de “seguridad jurídica” para proteger intereses de empresas que vienen a la República Dominicana a hacer negocios turbios. Ese es un robo, y el robo no puede estar protegido, aun se haga con todas las formalidades.
Los intereses de dos o tres mafiosos no pueden jamás estar por encima de los intereses de un pueblo.
