José Báez Guerrero
Llevo años diciendo que la declaración patrimonial jurada de funcionarios electos y designados que exige la Ley 311-14 es un relajo.
Sólo la hipocresía colectiva da algún crédito a la mayoría de esas pantomimas.
Ahora, horas antes del plazo legal para cumplir esa obligación, legisladores de ambas cámaras alegan que la Cámara de Cuentas solicita demasiados documentos para sustentar sus representaciones.
Desde que comenzó a aplicarse esa ley hace una década, se ha visto a impecunes declarar fortunas aún por robarse y notorios corruptos multimillonarios declarar una impostada pobreza.
Casi nunca hay acciones judiciales o averiguaciones de parte de las autoridades.
En países mejor organizados y con mayor respeto por la verdad, las declaraciones patrimoniales de funcionarios, no sólo estatales sino también de algunas empresas que se cotizan en bolsas, no son estados financieros bajo juramento, sino la demostración del cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Una rareza por su sinceridad fue la declaración del presidente Abinader, cuya reconocida fortuna de origen empresarial nunca dependió de cargos públicos.
Entre las reformas en curso, debemos incluir cambiar la ineficaz declaración patrimonial por una certificación de la DGII y estados financieros auditados. ¡Ahí sí que sería el chirriar de dientes!
