David Alvarez
Llevamos muchos años rondando en torno a una ley de partidos políticos que no termina de ser aprobada.
La dificultad estriba en que no hay acuerdo para unas reglas del juego electoral que beneficie a todos o al menos no perjudique a ninguno.
Y quienes deben aprobarlo son miembros destacados de los partidos políticos: los congresistas.
Todo partido político es un grupo humano al que se pertenece o aceptado por libre elección de ambas partes.
La finalidad de cada partido político es alcanzar la mayor cuota posible del poder del Estado para implementar su agenda política y desde la oposición enfrentar las acciones de quienes controlan el Estado que se consideran contrarias a su agenda política.
En democracia los partidos políticos deben alcanzar las diferentes cuotas de poder posibles con el respaldo electoral de las mayorías.
Hasta finales de los 70 los partidos de orientación marxista estaban ilegalizados, hoy no existe ninguna traba ideológica para la existencia de partidos políticos, en estas elecciones incluso hubo algunos con discursos xenófobos y fundamentalistas religiosos. Cualquier ley de partidos debe contemplar dos aspectos esenciales.
Uno es que el financiamiento de los partidos políticos sea transparente a la sociedad con normas claras de rendición de cuentas.
Dos que las estructuras internas garanticen la democracia y renovación del liderazgo con supervisión de la JCE.
Eso incluye las primarias con padrón partidario. Un tercero es romper el parasitismo de partidos minúsculos aliados a los grandes para medrar en el Estado. La tarea es oportuna ahora, no en el 2019.
