Awilda Cuello 
Participación Ciudadana presentó su balance anual.
Santo Domingo.-Participación Ciudadana denunció que durante el año 2024 la lucha contra la corrupción experimentó una preocupante ralentización, atribuida a la inacción de organismos clave como la Cámara de Cuentas, la Dirección General de Ética, el Congreso Nacional y la Contraloría General.
En su balance anual, que abordó temas como la economía y los procesos electorales, la organización destacó que la demora en los procesos judiciales relacionados con casos de corrupción pública representa uno de los problemas más graves del año.
Según Participación Ciudadana, las audiencias preliminares y los juicios de fondo estuvieron marcados por constantes retrasos, derivados de estrategias dilatorias y aplazamientos sin justificación aparente, lo que obstaculizó el avance hacia la justicia.
Un ejemplo señalado fue el caso “Camaleón”, en el que un imputado logró que se le variara la medida de prisión preventiva, a pesar de que en su vehículo se encontró un listado con nombres de jueces y auxiliares judiciales, lo que evidenciaría intentos de manipulación de los procesos judiciales.
Para la organización, este tipo de situaciones no sólo ralentiza los procesos, sino que pone en peligro tanto las pruebas como la integridad de los funcionarios judiciales encargados de estos casos.
El informe también advirtió sobre el impacto de una reciente normativa que, bajo el argumento de la protección de datos, dificulta la identificación de imputados en casos de corrupción y otros delitos.
Según Participación Ciudadana, esta política atenta contra el principio de publicidad de los juicios establecido en la Constitución, salvo en circunstancias excepcionales.
“Estas medidas erosionan la transparencia y favorecen la impunidad, en un contexto donde ya existen preocupantes rezagos en el sistema judicial”, subrayó la organización.
Además, Participación Ciudadana destacó el rechazo social a otras acciones gubernamentales que vulneran la institucionalidad, como la Ley del DNI y el decreto que permitió al director de Compras y Contrataciones Públicas ocupar simultáneamente el cargo en la Alianza Público-Privada.
Electoral
— Cámara de Cuentas
En el ámbito electoral, criticó la ralentización de la función fiscalizadora de los organismos estatales, aunque reconoció algunos avances normativos, como la promulgación de la nueva Ley núm. 18-24 de la Cámara de Cuentas.
