Papa Francisco arriba a un consistorio en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, jueves 28 de junio de 2018. (AP Photo/Alessandra Tarantino)
Ciudad Del Vaticano (AP) .-El papa Francisco aceptó el jueves las renuncias de otros dos obispos chilenos en una nueva repercusión del escándalo por el abuso sexual de menores que afecta a la Iglesia católica.
El mes pasado los 31 prelados chilenos en actividad presentaron sus dimisiones por no haber sabido proteger a los niños de los curas pedófilos.
El Vaticano informó que Francisco aceptó las renuncias de los obispos de Rancagua, Alejandro Goic Karmelic, y de Talca, Horacio del Carmen Valenzuela Abarca. Con éstas suman cinco las dimisiones aceptadas.
Recientemente el pontífice sostuvo que la Iglesia en Chile vive desde hace décadas «una cultura de abusos y encubrimiento».
En la diócesis de Rancagua hay 14 sacerdotes acusados de mantener relaciones sexuales con menores. El obispo Goic había presidido la comisión de protección de menores de la Iglesia chilena.
Elisa Fernández, denunciante de los abusos cometidos en la diócesis de Rancagua, 80 kilómetros al sur de Santiago, reaccionó con ira por la aceptación de la renuncia de Goic, quien había dimitido hace tres años al cumplir los 75, edad a la que deben renunciar los religiosos.
«Estoy bastante desilusionada y defraudada, enojada», dijo y señaló que tras reunirse con investigadores papales enviados por Francisco a Chile en febrero solicitó que no removieran a Goic para que «él asumiera su responsabilidad como encubridor en el caso Rancagua».
Añadió que «aquí el hilo se quiere cortar por lo más delgado, que son los sacerdotes, pero los obispos que son los principales encubridores… van a pasar sin pena ni gloria».
Una de las renuncias aceptadas previamente fue la del obispo de Osorno, Juan Barros, quien anteriormente había sido un estrecho colaborador de Fernando Karasima, el cura pedófilo más conocido de Chile.
Francisco había defendido enérgicamente a Barros a pesar de la indignación de muchos fieles y algunos funcionarios eclesiásticos, quienes sostenían que había encubierto los abusos de Karadima.
En 2011 el Vaticano había condenado a Karadima a llevar una vida de penitencia y oración por sus crímenes sexuales. Karadima era un cura carismático que tenía relaciones con la elite chilena. Barros negó haber presenciado abusos de su mentor.
Juan Carlos Claret, vocero de los laicos de Osorno, dijo a The Associated Press que las renuncias aceptadas hasta ahora por Francisco son «el reconocimiento de las denuncias que han efectuado víctimas de abusos sistemáticos del clero».
Añadió que el papa «tiene la responsabilidad de remover a más obispos» y destacó la necesidad de que el Vaticano dé acceso al informe de 2.300 páginas realizado por los investigadores de abusos sexuales tras visitar Chile en febrero.
«Si queremos llevarlos (a los obispos) a juicio, el Vaticano nos sigue cortando las alas porque no nos permiten el acceso a la verdad, a los hechos», agregó. Valenzuela y Barros son dos de los cinco obispos formados por Karadima acusados de encubridores por tres víctimas de abusos sexuales del cura. Un tercero sigue activo, otro se apartó del círculo de Karadima y el último padece Parkinson.
Barros presentó su renuncia dos veces, pero Francisco lo defendió con firmeza. El pontífice cambió su posición drásticamente después de hablar con las víctimas en el Vaticano, entre ellas uno que había apelado a la Santa Sede durante años, Juan Carlos Cruz.
Cruz, dijo a la AP que «tuve un excelente despertar con esta buena noticia de que dos más de estos obispos corruptos se han ido».
«Hay muchos más obispos que tienen que irse, el problema es que el proceso no es más rápido porque no tienen con quienes reemplazarlos», enfatizó.
Dos investigadores del Vaticano, un arzobispo maltés y un sacerdote español, informaron de sus conclusiones al pontífice.
Su informe sacó a la luz un escándalo que implica a varias órdenes religiosas y pruebas de que la jerarquía eclesiástica chilena encubrió o restó importancia sistemáticamente a los abusos e incluso presionó a los investigadores para que desacreditaran a los denunciantes.
La justicia chilena ha ordenado allanamientos de oficinas de la Iglesia, incluso en la diócesis de Rancagua.
