Periodista Luis García
Un panorama enrarecido caracteriza a la República Dominicana de inicio de este año 2025, que amerita de explicaciones convincentes de parte de la administración que encabeza el presidente Luis Abinader.
Temas que van desde aspectos relacionados con el crimen organizado hasta cuestiones relativas a la seguridad nacional forman parte de una cotidianidad nacional que llena de pesadumbre a la sociedad dominicana de cara al futuro inmediato.
Explicaciones en torno a la captura del histórico cargamento de 9.8 toneladas de drogas en el puerto multimodal Punta Caucedo es el hecho de mayor relevancia que permanece bajo el manto del silencio gubernamental ante una sociedad que no sabe qué pensar.
Esta actitud de las autoridades nacionales se mantiene no obstante que se trata de un caso de connotación internacional que ha provocado la intervención de tres países de la región: Guatemala, Honduras y Colombia. Veamos si los allanamientos iniciados en la noche del sábado rompen con este silencio.
Otro ocaso no menos relevante bajo el manto del silencio es el que ha hecho que el nombre de la República Dominicana resurgiera en el caso Koldo, nombre con el que se denomina la supuesta malversación en España de unos 50 millones de dólares a través de compras irregulares de mascarillas médicas durante la pandemia de Covid-19.
Los tres principales vinculados al caso, José Luis Ábalos, exministro de Transporte, su asesor Koldo García y el empresario Víctor Almada, quien contó a un juez que lleva el caso que algunos de los pagos se hicieron en Santo Domingo.
La prensa española ha difundido con profusión el escandaloso acontecimiento, pero la callada ha sido la respuesta dominicana hasta el momento.
Una denuncia que tampoco ha tenido respuesta oficial es la de Roberto Santana, director de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria, en el sentido de que las supuestas amenazas de Joel Ambioris Pimentel García contra la procuradora Miriam Germán Brito fueron fabricadas por personal malintencionado de la Procuraduría General de la República. A su juicio, en el órgano operan “mafias ancestrales” que cada cierto tiempo sacan la cabeza en busca de sus beneficios personales.
El exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo amplió su denuncia a que en el sistema penitenciario operan las mafias desde el 2016 y que desde ese año hasta el 2020 colocaron agentes policiales en las cárceles “para que se buscaran dinero”, asignación que según sus declaraciones sucedieron desde la Procuraduría.
El panorama nacional se ve más oscurecido ante la realidad de que la violencia dejó una huella significativa durante el 2024. De este accionar no escapan las personas abatidas por agentes de la Policía Nacional en supuestos intercambios de disparos que, según ellos, han actuado en defensa propia tras ser atacados.
El 2024 cerró con al menos 120 personas abatidas, consideradas por la uniformada como delincuentes. Esta cifra promedió cerca de 10 muertes mensuales.
Mientras que, desde mediados del mes pasado, la Presidencia de la República anunció la suspensión del acostumbrado encuentro LA Semanal con la Prensa, que cada lunes realiza el jefe de Estado. En ese momento, se informó que el espacio se reanudaría este mes, sin precisar la fecha.
La transparencia informativa debe caracterizar el accionar de las autoridades gubernamentales en una sociedad democrática que demanda de buenas prácticas en la dirección del Estado; pero el silencio actual contradice ese derecho de los dominicanos.
Corresponde a la administración del Partido Revolucionario Moderno, no a nadie más, hacer el mejor de los aportes con el propósito de esclarecer el enrarecido panorama nacional.
