Frederich E. Bergés
En nuestra columna anterior comentamos un estudio presentado recientemente el cual alega que los paneles solares instalados en residencias y pequeños comercios afectan la rentabilidad de las empresas distribuidoras de electricidad, que operan hace demasiados años con un enorme déficit financiero.
Hemos logrado obtener el referido estudio titulado “Promoción de la Generación Distribuida en República Dominicana”, del cual queremos hacer ciertas precisiones.
El tema principal del trabajo aludido es el de los costos de distribución y los esquemas vigentes en diferentes países incluyendo el nuestro. Al respecto concluye de manera fehaciente que el problema del esquema tarifario no es la autogeneración sino su venta de vuelta a la red pública. O sea, cuando el propietario de los paneles solares vende excedente de energía producida a las distribuidoras.
En el estudio se presentan dos soluciones en un borrador de reglamento expuesto a consulta pública. La primera es pasar de un esquema de medición neta a uno de facturación neta.
Con ello no se dejaría de incentivar la instalación de este tipo de generador de energía limpia, sino ajustar su comercialización de vuelta al sistema eléctrico interconectado de manera racional acorde con la realidad imperante.
La segunda solución establecería un límite a la energía que se inyectaría de vuelta a la red de distribución mediante la cual al menos el 50 % de la energía producida fuese para consumo propio.
Con ello se estaría eliminando las posibilidades de que bajo un disfraz de auto productor de electricidad se fuese a operar como parque solar comercial. Se justifica en el estudio que aún eliminando los incentivos fiscales que permiten hoy un retorno de la inversión en 2.5 años, la misma se lograría en menos de 4.5 años, con lo cual continúa siendo una muy buena inversión.
Lo que desafortunadamente no se investiga ni concluye es el desastroso régimen empresarial que gobierna a las distribuidoras eléctricas, incapaces al cabo de quien sabe ya cuántos años, de detener los esquemas de fraude e ineficiencia que caracterizan la distribución eléctrica publica en el país.
Penosa situación, y más aún con tantos buenos ejemplos llevados a cabo por distribuidores privados, tan fáciles de imitar.
