En esta fotografía de archivo del 21 de noviembre de 2018, un civil armado porta un arma durante un tiroteo entre bandas rivales para tomar el control del mercado Croix-des-Bossales, en el Boulevard Jean-Jacques Dessalines, una arteria comercial principal, en Puerto Príncipe, Haití, miércoles 21 de noviembre de 2018. AP
Puerto Príncipe.- Las pandillas de Haití han sido financiadas desde hace tiempo por poderosos políticos y sus aliados, y muchos de ellos sienten que están perdiendo el control de los grupos armados que cada vez son más fuertes y que han desplazado a miles de personas de sus viviendas mientras libran luchas territoriales, matan civiles y allanan almacenes de comida.
La intensificación de la violencia de pandillas podría agravarse y también amenaza con complicar los esfuerzos políticos para que la nación se recupere del asesinato del presidente Jovenel Moïse cometido hace unos días.
El gobierno de Haití está desorganizado: no hay Parlamento, ni presidente, existe una disputa en torno a quién es el primer ministro y su cuerpo policial es débil.
Sin embargo, las pandillas parecen estar más organizadas y fuertes que nunca. Aunque la violencia se ha concentrado en la capital Puerto Príncipe, ha afectado la vida a lo largo y ancho de Haití, paralizando la frágil economía, cerrando escuelas, abrumando a la policía e irrumpiendo las labores para luchar contra la pandemia de COVID-19.
“El país está transformado en un amplio desierto en el que los animales salvajes nos engullen”, dijo la Conferencia Haitiana de Religiosos en un comunicado emitido recientemente en el que denunció el aumento de la delincuencia violenta.
“Somos refugiados y exiliados en nuestro propio país”. Las pandillas han robado recientemente miles de sacos de azúcar, arroz y harina, además de que han saqueado y quemado casas en la capital.
Ello ha provocado que miles de personas busquen refugio en iglesias, campos y en un gimnasio, donde el gobierno y los donantes internacionales batallan para alimentarlos y encontrarles un alojamiento a largo plazo.
Entre los desplazados hay personas discapacitadas que se vieron obligadas a huir el mes pasado cuando las pandillas prendieron fuego a un campamento donde se habían asentado luego de resultar heridos en el catastrófico sismo de 2010.
“Corría por mi vida en el campo con estas muletas”, dijo Obas Woylky, de 44 años y quien perdió una pierna en el sismo. “Las balas volaban desde distintas direcciones… Lo único que pude ver fue el fuego en las casas”.
Woylky era una de las más de 350 personas hacinadas en una escuela convertida en refugio improvisado, donde casi nadie portaba mascarillas para protegerse de enfermedades, en particular del COVID-19.
Los expertos señalaron que la violencia está en su peor nivel en casi dos décadas, desde antes de la creación de una segunda misión de mantenimiento de paz de la ONU en 2004.
Los programas dirigidos a reducir las actividades de pandillas y un flujo de ayuda luego del sismo ayudaron a reducir parte del problema, pero una vez que el dinero se acabó y los programas de ayuda se terminaron, las pandillas recurrieron a los secuestros y a extorsionar negocios y vecindarios que controlaban.
Las pandillas están financiadas en parte por políticos poderosos, una práctica denunciada recientemente incluso por uno de sus supuestos beneficiarios: Jimmy Cherizier, un expolicía que dirige una coalición de bandas conocida como G9 Familia y Aliados.
Actualmente, el epicentro de la violencia de pandillas es Martissant, una comunidad en el sur de Puerto Príncipe cuya principal carretera conecta la capital con el sur de Haití.
El temor de los conductores a quedar atrapados en un fuego cruzado o algo peor ha paralizado casi por completo las conexiones comerciales entre las dos regiones, elevando los precios, retrasando el transporte de alimentos y combustible y obligando a las organizaciones internacionales a cancelar programas que incluían la distribución de dinero en efectivo a más de 30.000 personas, según un informe del 1 de julio de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU.
La agencia informó que más de un millón de personas necesitan ayuda y protección humanitaria inmediata. Y la economía en general no ayuda.
La ONU dijo que el precio de una canasta básica aumentó 13% en mayo respecto de febrero, y que la inversión directa extranjera cayó más del 70% de 2018 a 2020, disminuyendo de 105 millones de dólares a 30 millones.
Eso se refleja en menos empleos y una mayor pobreza en una nación en la que el 60% de la población gana menos de 2 dólares al día y el 25% menos de un dólar diario.
Muchos también temen que las pandillas puedan perturbar las elecciones programadas en septiembre y noviembre, las cuales son cruciales para restablecer el funcionamiento de los poderes legislativo y ejecutivo, que ahora están en gran medida agonizando luego del asesinato de Moïse.
