Carlos Salcedo
La pandemia ha cambiado al mundo. Estamos confinados por la Covid-19. Sus secuelas económicas, políticas, sociales, familiares y psicológicas son dramáticas. Es una realidad indeseada que, por ser de fuerza mayor y ajena a la voluntad, justifica incluso el retardo en el cumplimiento de determinadas obligaciones.
El despliegue de personal de salud y el empleo masivo de recursos de parte de las autoridades, la concertación de préstamos, bonos soberanos, asistencia del Estado al sector productivo, a las micro, pequeña y mediana empresa, al sector laboral, la limitación y reducción de los servicios públicos por el confinamiento del personal de la Administración Pública, son solo parte de los efectos del virus.
No es menor el sacrificio que ha entrañado para la Policía Nacional (PN) y las Fuerzas Armadas (FF. AA.) el coronavirus con el incremento sustancial de los gastos en el ámbito de la seguridad para preservar el distanciamiento social y las demás medidas que, como la mascarilla, son de obligatorio cumplimiento para la preservación de la vida y la salud y sobre todo para evitar el contagio.
Es natural el cansancio de las agencias de seguridad del Estado, unido al ejercicio de la autoridad con desconocimiento parcial de la necesidad de respetar, por un lado, la disposición presidencial del toque de queda, y por el otro, la integridad y la vida de todos los ciudadanos.
Son cotidianos y sancionables los comportamientos ciudadanos de desobediencia de las disposiciones del Congreso Nacional y del presidente de la República, lo que obliga al uso de la fuerza por parte de los organismos de seguridad ciudadanos para llevar a la obediencia a los incumplidores.
Pero, son harto conocidos los excesos de miembros de la PN y las FFAA contra ciudadanos que, cumpliendo labores profesionales, como muchos médicos y otros que son detenidos y maltratados, poniendo incluso en riesgo sus vidas.
Este tipo de conductas desdice, no solo de quienes están llamados a garantizar nuestra seguridad y nuestras vidas, sino también de las autoridades superiores, de no tomar las medidas frente a los abusos de autoridad.
De lo contrario, la pandemia sería también un instrumento para la reproducción de males que, como los abusos policiales, creíamos que eran ya casi cosas del pasado.
