Rodolfo Valentín, director de la Defensoría Pública, mientras ofrece detalles. Elieser Tapia
SANTO DOMINGO.-La República Dominicana es el país con uno de los índices más alto de presos preventivos y hacinamientos en centros carcelarios en América Latina, con un total de 27,315 privados de libertad dentro de las 27 cárceles del nuevo modelo y 19 del sistema tradicional.
Esto, según el informe presentado por la Oficina de Defensoría Pública sobre las “condiciones de detención y prisión”, que reveló que un 40 % de los internos que albergan los 19 centros del sistema tradicional duerme en el suelo por el hacinamiento.
Esto provoca que los internos duerman en condiciones no hábiles como en hamacas o camas colgantes, que amarran en los barrotes de las celdas.
Además de la asistencia del exceso de prisión preventiva, también reveló que una gran cantidad de personas con problemas de salud física, mental y diversas carencias dan imposibilidad de garantizar la reinserción social a las personas detenidas.
Los dispensarios médicos de las cárceles del sistema tradicional carecen de médicos, a pesar de haber una nómina de especialistas que devengan un salario sin prestar servicios; esa misma situación sucede con profesores contratados, quienes no asisten pero reciben un salario.
Las cárceles con mayor hacinamiento son: La Victoria, construida para alojar 2,103 internos y albergan 7,625 seguido por otras con la misma situación como la de Baní, Azua, San Juan de la Maguana y Barahona. Mientras que en las cárceles de Salcedo, Nagua y Samaná no existe una separación de hombres y mujeres, en violación al derecho a la intimidad y al honor.
La institucionalidad del sistema carcelario se debilita cada día más por la disminución de su presupuesto, poco personal técnico y de poca custodia.
El levantamiento a las cárceles del país permitió identificar las centros que tienen las infraestructuras deterioradas y ameritan la intervención con urgencia de las autoridades competentes.
Es el caso de la cárcel de La Vega para menores, que alberga 38 internos entre ellos tres extranjeros, quienes duermen en piletas y en colchones, que no están en condiciones. Los baños que tiene ese recinto no están en aptos para su uso, pues todo está imfestado por la insalubridad. Esa misma situación sucede con la cárcel Fortaleza Olegario en Tenares, Nagua, tanto de hombres como de mujeres.
El director de la Oficina de Defensoría Pública, Rodolfo Valentín, llamó a cerrar esos dos recintos, y que los internos sean trasladados a otros centros más humanos.
Reacción
El director general de Prisión, Roberto Hernández, dijo que el informe refleja la realidad de las cárceles, y que el Gobierno, a través de la Procuraduría, busca revertir esa situación.
Suprema
— Garantía
La jueza María Garabito dijo el Estado debe establecer políticas públicas que fortalezcan el respeto de la dignidad humana de las personas privadas de libertad, bajo un sistema de reinserción social y mejorar las condiciones.
