Diversos actores de la sociedad dominicana eran de opinión que la República Dominicana tenía que contar con un plan de desarrollo, plan que proponían todos los candidatos a la presidencia en sus planes de gobierno.
Sin embargo, fue posponiéndose en varias ocasiones, hasta que en los años 2010 y 2011 sectores de la sociedad civil, organizaciones internacionales, partidos políticos, académicos, empresarios e iglesias; lograron en base a debates, hacer realidad, la Estrategia Nacional de Desarrollo, mediante la Ley Orgánica 1-12 del 25 de enero del 2012.
Tres pactos o acuerdos contemplan la referida ley y solo el educativo no completo desde nuestro punto de vista, ha sido realidad a través de movilizaciones del movimiento social. Digo esto, por la no inclusión de la educación superior, sector que desde Conflictos y Mediaciones debe ser parte de la formación de la juventud.
Los pactos fiscal y eléctrico por creencias política y no de desarrollo, no se ha hecho realidad porque el Estado no ha fijado una posición coherente al contexto nacional y a favor de la gente.
Cuando se pensó en estos dos acuerdos fue para organizar y comprometer a todos los sectores a asumir responsabilidades y compromisos para el desarrollo y porvenir de la sociedad.
En relación al eléctrico, dos años tienen gobierno, sociedad civil, académicos, empresarios y sindicatos y por intereses de varias partes de las instituciones participantes no se ha logrado un acuerdo satisfactorio. A quien beneficiaria el pacto eléctrico a los que pagan, a los que no pagan, a los que poseen empresas proveedoras de electricidad; son inquietudes que no se han respondido.
La 1-12 señala que al año de ser puesta en vigencia, el acuerdo eléctrico estaría firmado por todos los involucrados y a 6 años después todo continua tal como se encontraba ante de su promulgación.
Mientras que el acuerdo fiscal estaría en ejecución tres años de después de esta fecha, por lo que notamos un notable incumplimiento tanto del Estado como los demás actores (sociedad civil, empresarios, sindicatos u otros). Debería existir en estos momentos movilizaciones de las fuerzas sociales y políticas, exigiendo el cumplimiento de este pacto e inclusive, someter un recurso ante el Tribunal Constitucional para el cumplimento del mismo si fuere necesario.
La sociedad requiere de un plan de nación y estos dos acuerdos, podrían ser el punto de inicio. Estos acuerdos en su momento abrieron la esperanza a la sociedad dominicana, en donde la ciudadanía contaría con las prioridades que según las encuestas demanda la nación.
Para que no exista confusión entre las personas lectoras, no es que estamos diciendo incrementar los impuestos a la población, jamás. Lo que planteamos es que los sectores se planteen compromisos serios al respeto y que no afecte a la población.
Mientras las autoridades del fisco (DGII, con el dicho, de que el 14% de presión tributaria es irrisorio para las demandas sociales) e Isidoro Santana, excoordinador de Participación Ciudadana y miembro activo; continúen realizando acciones administrativas para recaudar impuestos sin la realización del pacto fiscal, el referido acuerdo no será posible.
Han logrado mediante préstamos a organismos internacionales (FMI, BM y la Unión Europea) y locales a través de la colocación de bonos “soberanos” tanto nacionales como del exterior; el pacto fiscal continuara solo planteado en la ley 1-12. Así perpetuaran manejando la tasa del dólar y los impuestos a los combustibles para cubrir gastos superfluos del Estado, en perjuicio del país.
La Ley Estrategia Nacional de Desarrollo (END) está compuesta por objetivos generales y específicos para que desde el 2012 al 2030, los pactos descritos hagan del país, una nación de prosperidad en riquezas, más empleos y oportunidades para los 12 millones de habitantes.
En Conflictos y Mediaciones estamos a la espera que el pacto eléctrico que tiene cerca de tres años en el Consejo Económico y Social (CES), discutiéndose, conversándose y logrando acuerdos parciales; que de una vez y por todas, la República Dominicana y sus actores (políticos, académicos, empresarios, medios de comunicación, sociedad civil y los tres poderes del Estado) se pongan de acuerdo cada cual asumiendo un rol de compromisos para su gente.
Por último, recordarle a esos actores (gubernamentales y no gubernamentales), la implementación de Centros de Mediación de Conflictos en las 32 provincias y en sus 158 municipios; claro formando a personas como mediadores. A través de los cuales, podrían esas “fuerzas vivas” pacificar y armonizar a una población que requiere convivir en una sociedad pluralista, democracita, participativa y pacífica.
Aunque les recuerdo que pactos, mediación no son palabras sinónimas, son palabras que abrirán si es con respeto y apegado a la ética, La Ley Estrategia Nacional de Desarrollo convertiría a la República Dominicana en un país desarrollado.
En relación a la violencia contra la mujer, el Centro Juana Montalvo fundado por Jorge Cela, propuso en ocasión del Día Internacional Contra la Violencia de la Mujer, un pacto social y político para erradicar ese flagelo. Es decir, estamos ante diversos desafíos sociales en la República Dominicana.
