Frederich E. Bergés
En un nuevo intento por apaciguar la ira ciudadana frente al desorden generalizado en el tránsito del país y su subsecuente amenaza para el peatón o pasajero, recién se promulgó el decreto 656-24 titulado “Plan Nacional de Seguridad vial 2025-2030”.
El objetivo de esta iniciativa se supone es unir esfuerzos entre el gobierno y entidades de la sociedad civil en pro de superar los problemas actuales del tránsito y sus repercusiones sobre la seguridad vial del país.
Se supone que esta iniciativa debe iniciarse con los exámenes correspondiente al millón de motoristas que conducen sus motocicletas sin estar provistos de licencia, conforme reveló el anterior director del Intrant.
Estos motoristas, que si ocurre un roce o accidente rodean al conductor amenazando y conminando a pagarles el daño, indistinto de si ha sido su responsabilidad o no, se convierten con ello en la autoridad.
Los mismos motoristas que circulan al revés en calles de una vía, no respetan semáforos y se pasean por las aceras cual si fuesen peatones.
Sin conocerse los detalles, el plan que respalda este pacto tiene que incluir la remoción definitiva de ese inmenso parque vehicular sin las más mínimas condiciones de seguridad, sea por viejos, irreparables o simplemente destartalados.
Abundan en demasía los carros, camionetas y otros tipos de vehículos que carecen de los elementos básicos que aseguren su capacidad de rodar con la mínima seguridad por calles y avenidas.
Así como hay tanto por resolver con conductores incapaces, agresores de la seguridad y vehículos inservibles o en pésimas condiciones, habrá que también incluir a la autoridad, frecuentemente abusiva, indiferente o extorsionadora.
La circulación vehicular no puede seguir a expensas de un cuerpo armado que se supone especializado, pero que en realidad son el peor enemigo del conductor por su comportamiento o desprestigio.
Como vemos, el pacto es de fácil cumplimiento, porque los problemas son demasiados obvios y no requieren estudios ni tanta teoría.
Es solo asunto de hacer respetar la ley y sancionar culpables, como debe ser en todo régimen con consecuencias en una sociedad civilizada.
