Frederich E Berges
El 25 de febrero del 2021, según documento publicado por el gobierno, se suscribió el Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico por mandato de la Ley 1-12 referente a la Estrategia Nacional de Desarrollo. El mismo estaba supuesto a representar una serie de acciones y reformas con miras a lograr un servicio eléctrico universal, accesible y eficiente, mediante una operación segura y confiable del sistema eléctrico nacional.
A año y medio de su firma ha quedado evidente que el mismo ha sido incumplido, destacándose polémicas constantes debido a apagones financieros, quejas de los usuarios familiares y finalmente un proceso de alzas en las facturaciones que necesariamente no coincide con el desmonte gradual de subsidios.
Esto último ha quedado evidenciado por la necesaria intervención del presidente Abinader con la sabia decisión de detener los aumentos hasta que se pueda revisar dicho Pacto, más aún a la luz de las subidas desmedidas del precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales.
Pero el mayor fallo lo ha cometido el mismo Estado al incumplir su compromiso de reducir las pérdidas de las empresas distribuidoras de electricidad. Estas han fallado por completo en sus funciones, sea por indiferencia, falta de recursos o voluntad política de enfrentar el problema sin miramientos. No es admisible, bajo ningún criterio, que según el informe oficial en los primeros cuatro meses del año las distribuidoras hayan perdido unos US$258.7 millones, equivalentes al 36 % de la energía comprada.
Las pérdidas suceden por deterioros y mermas técnicas en el sistema físico de distribución, facturaciones dejadas de cobrar o simplemente fraudes fácilmente detectables en la entrega de energía.
Para detectar los fraudes existen múltiples soluciones técnicas que con las inversiones adecuadas son reveladas para su posterior corrección y/o sanción.
Más que requerirse sentarse en la mesa del dialogo y tallar un Pacto Eléctrico 2.0, se requiere una gestión más profesional y consciente de las distribuidoras. Y ello, acompañado de la voluntad política de corregir estas distorsiones producidas por las perdidas al costo político que sea.
