Frederich E. Bergés
En ocasiones anteriores hemos cuestionado la coherencia, y prioridades de las labores del cuerpo legislativo del país. Esos dos cuerpos que componen en el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados y la del Senado, están compuesta por muchos hombres y mujeres prudentes, pausados y bien intencionados. Pero, con demasiada frecuencia se ha preferido distinguir a un cantante o deportista en vez de tomarse el tiempo para estudiar y ponderar los alcances de algunas de las muchas iniciativas legislativas que ahí se presentan.
Hace pocas semanas comentamos el caso del propuesto Instituto del Casabe, que procura crear una nueva entelequia pública, con su dotación de personal y recursos económicos, con miras a fomentar el consumo del casabe y la siembra de la yuca. Vaya prioridad cuando se discute el proyecto de modificaciones a la Ley de Contrataciones y Compras o la Ley del Fideicomiso Público, piezas fundamentales para el quehacer nacional.
Ahora nos encontramos que la Cámara de Diputados ha aprobado con carácter de urgencia un proyecto de ley que haría obligatorio destinar dineros acumulados para futuras pensiones en una Dirección de Crédito Educativo por crearse, con la finalidad de financiar créditos a estudiantes para la realización de sus estudios.
Parece que los legisladores que respaldaron esta propuesta no conocen o le hacen poco caso a las leyes existentes para que se pueden destinar los ahorros acumulados al amparo de la Ley 87-01. Para solo citar una muestra, se ha desconocido que para proteger dichos ahorros y poder otorgar la mayor seguridad a su disponibilidad cuando así sea requeridos por el ahorrante, todo destino de inversión debe contar con una clasificación de crédito de grado de inversión superior.
Por demás, diversas instituciones financieras y entidades especializadas ya destinan importantes segmentos de su cartera de préstamos para estas actividades.
Han debido tomarse en cuenta que los créditos educativos enfrentan el gran reto de que se completen los estudios en carreras de demanda laboral en centros académicos acreditados por el mercado de trabajo.
