Cada vez que se reparte dinero del Estado por millonadas para que los políticos hagan campaña para asaltar el poder, siento como si me dieran puñaladas por la espalda, sin derecho a defenderme.
Se dirá que es la Ley, y que los beneficiarios de esa piñata no tienen la culpa.
Pero sucede que esa ley fue dictada por los senadores y diputados que representan a los partidos que precisamente se reparten el botín.
En cierto modo, nuestros legisladores han legislado para su propio beneficio.
Esta vez, obedeciendo el mandato de la ley, la Junta Central Electoral ha repartido 67 millones de pesos entre los partidos reconocidos, a cuenta de sumas mayores. No satisfechas con el regalo, algunas de esas organizaciones políticas están inconformes. Querían más.
Cosas veredes, Sancho, que hará temblar la tierra.