Organizaciones reclaman el 15% de fondos de bienes incautados para prevención de drogas
Santo Domingo.– Diversas organizaciones dedicadas a la prevención y tratamiento de los trastornos por uso de sustancias en República Dominicana solicitaron que se garantice el cumplimiento de la ley que establece la asignación de recursos provenientes de bienes incautados para apoyar sus labores.
Los representantes de estas entidades valoraron positivamente el anuncio de la próxima subasta de bienes incautados por parte del Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados (INCABIDE), al considerar que estos recursos podrían fortalecer el trabajo que realizan con personas afectadas por adicciones.
Sin embargo, advirtieron sobre la necesidad de asegurar que se respete lo establecido en la legislación vigente, en particular la Ley 155-17 y la Ley 60-23, que contemplan la asignación de un porcentaje de estos fondos a programas de prevención y tratamiento de adicciones.
Las organizaciones señalaron que, según lo establecido, el 15% de los recursos generados por este tipo de procesos debe ser destinado a entidades que trabajan en la atención de personas con trastornos por uso de sustancias, un mandato que, afirman, no siempre se ha cumplido de manera efectiva.
También expresaron preocupación por versiones que indican que los fondos obtenidos en subastas irían directamente al Fondo General de la Nación, lo que, a su juicio, podría afectar el financiamiento de programas sociales dirigidos a poblaciones vulnerables.
En ese sentido, plantearon la necesidad de establecer mecanismos más claros y permanentes de financiamiento, que no dependan de procesos coyunturales o discrecionales, sino de una estructura estable que garantice la continuidad de los programas de prevención y tratamiento.
"Hemos propuesto definir un porcentaje de estos fondos para entregarse a estas organizaciones. Las autoridades, teniendo en cuenta que este es un problema de salud y derechos, deben asumirlo desde los nuevos paradigmas que recomiendan privilegiar prevención y tratamiento, reducción de demandas, por sobre la reducción de oferta, que se sabe ha fracasado", expresaron en un comunicado.
Asimismo, propusieron que en la reglamentación de la Ley 60-23 se precise la forma de aplicación del artículo que contempla el apoyo a programas de prevención, fortalecimiento y tratamiento de adicciones, incluyendo la definición de un porcentaje fijo para estas organizaciones.
"Establecer en el reglamento de la Ley N.º 60-23, la forma precisa de hacer efectivo el Art.
82, Acápite 2 B: 'para apoyar, fortalecer, financiar, desarrollar o ejecutar programas de prevención o
tratamiento de consumo de drogas…”, propusieron.
Las entidades firmantes reiteraron que el enfoque de las políticas públicas debe priorizar la prevención y el tratamiento del consumo de drogas como un problema de salud y derechos, por encima de estrategias centradas únicamente en la represión.
El documento fue firmado por representantes de centros de rehabilitación, comunidades terapéuticas y ministerios evangelísticos que trabajan en la atención de personas con adicciones en distintas zonas del país.
Sobre el autor
Katherine Nicole Espino Cuevas. Periodista, locutora profesional y CMM. Máster en Comunicación Política Avanzada por Next Educación (Madrid). Amante de la escritura bien hecha, las historias con sentido humano y las causas sociales. Creo en la...
