Organizaciones reciben entre 30 y 40 denuncias diarias por presuntos abusos durante operativos migratorios

Santo Domingo.- Más de 30 denuncias diarias reciben las organizaciones que integran la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados en República Dominicana por presuntos casos de violencia, humillación, extorsión y otras irregularidades durante los operativos de deportación que ejecutan las autoridades migratorias.

Así lo denunció el coordinador de la entidad, William Charpentier, quien afirmó que la plataforma recibe entre 30 y 40 denuncias cada día, tanto por vía telefónica como de manera presencial y a través de representantes distribuidos en las cinco regiones del país, lo que refleja un deterioro en la situación de la población migrante.

Charpentier expresó el rechazo de la organización a los "niveles de violencia, humillación y despojo" que se han registrado en las últimas semanas durante los operativos migratorios.

Aseguró que las denuncias apuntan a la participación de inspectores, agentes policiales e incluso policías municipales que presuntamente irrumpen en viviendas, realizan extorsiones y sustraen dinero, sin que, según sostuvo, exista una respuesta de las autoridades competentes.

Precisó que la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados reconoce el derecho del Estado dominicano a ejecutar su política migratoria y controlar la migración irregular, pero insistió en que esas acciones deben desarrollarse respetando la dignidad humana, la Constitución y los estándares internacionales sobre los procesos de deportación.

Entre las situaciones denunciadas mencionó la separación de familias, la deportación de mujeres poco después de dar a luz y casos en los que menores de edad quedan en condiciones de vulnerabilidad tras la expulsión de sus padres.

Afirmó que estas prácticas generan graves consecuencias sociales y humanitarias.

El dirigente consideró que el proceso de deportación "se ha convertido en un pillaje" y advirtió que muchas de las personas deportadas regresan debido a la crisis que atraviesa Haití, lo que convierte la situación en un "círculo vicioso".

Por ello, insistió en que el Gobierno debe revisar la forma en que ejecuta su política migratoria para garantizar el respeto al debido proceso.

Lo que demandan

Como parte de sus demandas, Charpentier solicitó la apertura inmediata de una investigación independiente sobre los presuntos hechos de violencia, extorsión y humillación denunciados contra inmigrantes.

Recordó que investigaciones anteriores, según afirmó, han sido realizadas por la propia Dirección General de Migración, lo que, a su entender, resta independencia a los procesos.

Asimismo, pidió al Ministerio Público establecer responsabilidades administrativas y penales contra los involucrados en los hechos denunciados en provincias como San Juan de la Maguana, Santiago, María Trinidad Sánchez (Nagua) y La Altagracia (Punta Cana), donde, aseguró, existen evidencias difundidas en redes sociales y medios de comunicación.

Charpentier también reclamó la implementación de protocolos claros y socializados para los operativos migratorios, al considerar que agentes que no tienen competencia legal, como policías municipales, participan en detenciones de inmigrantes, incluso durante horas de la noche y dentro de viviendas.

Sostuvo que la Ley General de Migración establece que los operativos deben ser encabezados por inspectores de Migración, acompañados por efectivos militares, y no por policías municipales u otras autoridades que, según dijo, no están facultadas para realizar detenciones migratorias.

El representante de la Mesa afirmó que el incremento de las denuncias ha obligado a la organización a reducir sus actividades presenciales y fortalecer la orientación virtual. Explicó que cuentan con una plataforma integrada por más de 200 personas, a quienes ofrecen información y asesoría en español y creole sobre sus derechos y los procedimientos migratorios.

Reiteró que la organización no cuestiona la facultad del Estado para deportar a personas en condición migratoria irregular, pero insistió en que esas acciones deben ejecutarse dentro del marco legal, respetando la dignidad humana y las garantías constitucionales de todas las personas.