Nicolás Maduro y Juan Guaidó.
Caracas.- La Fiscalía venezolana ordenó este viernes la detención de cinco miembros de la junta «ad hoc» nombrada por Juan Guaidó para el Banco Central de Venezuela (BCV) por «traición a la patria», tras la decisión del Tribunal Superior británico de que accedan a las reservas de oro del país en el Banco de Inglaterra.
Las cinco personas sobre las que pesa la orden de captura y «congelamiento de bienes» son el presidente de dicha junta, Ricardo Adolfo Villasmil, así como Giacoma Cuius Cortesia, Manuel Rodríguez Armesta, Nelson Andrés Lugo y Carlos Antonio Suares, detalló en una declaración el fiscal, Tarek William Saab.
PARA VENEZUELA, UNA DECISIÓN POLÍTICA
Para Saab, la decisión adoptada por el juez británico Nigel Teare «no es judicial, sino política», puesto que el magistrado «se sometió a la postura política del Gobierno británico» que reconoció «al supuesto presidente interino», en referencia a Guaidó, al que el Reino Unido y cerca de 60 países más consideran mandatario encargado de Venezuela.
El juez británico tomó esa decisión este jueves y también decidió que «no es justiciable» -es decir, que la Corte no puede someter a examen- la legalidad con base al derecho venezolano de los nombramientos a la junta del BCV realizados por Guaidó, que fueron declarados nulos por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del país suramericano.
El dictamen, que sienta precedente, significa que el Banco de Inglaterra, que se declaró «en medio de las partes» en disputa en este proceso, puede recibir instrucciones de la junta designada por Guaidó, encabezada por Villasmil, y no de la nombrada por Maduro, presidida por Calixto Ortega.
Saab explicó que la Fiscalía también ha solicitado la detención y congelamiento de bienes «a los falsos funcionarios de la denominada oficina del procurador especial» nombrada por Guaidó, ya que considera que los trabajadores de ese departamento «autorizó la actuación de un bufete estadounidense en este litigio».
ÓRDENES DE ARRESTO CONTRA «EMBAJADORES»
La orden de arresto está dirigida contra José Ignacio Hernández, quien hasta el pasado 18 de junio ocupaba el cargo de procurador nombrado también por Guaidó, e Irene De Lourdes Loreto y Geraldine Afiuni, por su labor en esa oficina.
La orden también está dirigida contra los embajadores de Guaidó en el Reino Unido y EE.UU, Vanesa Neuman y Carlos Vecchio, respectivamente, y el comisionado para las Relaciones Exteriores, Julio Borges.
A los dos últimos, Saab los consideró «dos operadores que, cuando declaran, denotan su odio contra la clase trabajadora y el campesinado».
«A todos estos criminales que han actuado para favorecer los intereses de potencias extranjeras y se han conjurado para hacer sufrir al pueblo venezolano por escasez de alimentos, medicinas y gasolina y que además se han enriquecido agrediendo al país, se les imputan los delitos de traición a la patria, usurpación de funciones y asociación para delinquir», concluyó el fiscal.
Tras la decisión del tribunal británico, Guaidó, que no controla ningún aspecto de la burocracia dentro de Venezuela, celebró la decisión y aseguró que con ello ha protegido estas riquezas de un «saqueo».
«Protegimos las reservas en oro de las garras de la dictadura. Nuestras reservas se mantendrán como tal y en Inglaterra para su protección, del proceso judicial y de su integridad. ¡Oro protegido del saqueo del régimen!», escribió en Twitter.
Por su parte, el Gobierno de Nicolás Maduro calificó como un «delito de exterminio» que el juez Nigel Teare les haya negado el acceso al oro.
«Negar el oro a Venezuela para atender la pandemia es cometer delito de exterminio», dijo en la televisión pública la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez.
