Carlos Romero
La Paz.- El Ministerio Público de Bolivia ordenó el lunes la aprehensión de Carlos Romero, quien fue ministro de Gobierno del expresidente Evo Morales, por un presunto caso de corrupción.
Paralelamente, en la Cámara de Diputados se aprobó una ley de inmunidad para líderes políticos.
Romero es el primer alto funcionario de Morales que la justicia boliviana ordena aprehender, pero sin considerarlo a él hay nueve procesos abiertos contra antiguos colaboradores del exmandatario.
Todos están asilados en la residencia diplomática de México en La Paz y han sido denunciados por autoridades del gobierno interino de Jeanine Áñez por los delitos de fraude electoral y sedición y terrorismo.
El exministro estaba en su casa al momento de la orden. Hace cuatro días fue conducido a una clínica por deshidratación, estrés y depresión, pero la tarde del lunes fue dado de alta.
El abogado defensor de Romero, Andrés Zúñiga, explicó que su cliente se acogió a su derecho al silencio y no declaró sobre el caso de corrupción en el mantenimiento de helicópteros designados para la lucha contra el narcotráfico.
Romero es señalado por presunto “incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias en contratos de mantenimiento de helicópteros”, señaló el fiscal Ruddy Terrazas.
El exministro fue un hombre importante en el gobierno y estuvo al lado de Morales durante casi 14 años.
Comandó la lucha contra el narcotráfico y fue un negociador de conflictos. Mientras era conducido a la fiscalía, expresó que es “un perseguido político” y que no han respetado su derecho al no considerar su estado de salud.
Mientras tanto, la Cámara de Diputados, en la cual el partido de Morales tiene dos tercios, sorpresivamente aprobó la denominada “ley de inmunidad”, que busca proteger a líderes políticos, cívicos y sociales.
La norma está siendo cuestionada por el gobierno y las fuerzas contrarias porque aseguran que busca impunidad.
El viernes, sin previo aviso, el partido de Morales aprobó en la Cámara de Senadores la ley sin la oposición y la remitió a Diputados para que luego pase a ser promulgada. Áñez anunció que no promulgaría la ley.
En la víspera, el senador opositor a Morales, Óscar Ortiz, impugnó la ley ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
