CARACAS. – Detractores y partidarios del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, vuelven a manifestarse este jueves en medio de una creciente tensión política, que esta semana ha dejado decenas de heridos y detenidos en protestas.

La oposición reclama por lo que denuncia como un «golpe de Estado» contra el Parlamento, en el que es mayoría, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) asumiera los poderes del Legislativo y retirara la inmunidad a los diputados con dos sentencias emitidas la semana pasada y luego anuladas.

Los fallos, anulados parcialmente el sábado tras fuerte presión internacional, han impulsado a la oposición para tratar de reconquistar la calle.

Sus movilizaciones, que congregaron a cientos de miles entre septiembre y octubre de 2016, perdieron fuelle cuando la dirigencia aceptó un diálogo con el gobierno chavista, en el que no consiguió sus principales objetivos: un calendario electoral y liberar a opositores encarcelados.

La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) congeló las conversaciones en diciembre. «Llamamos al pueblo a la calle a respaldar la exigencia de destitución de los magistrados», dijo el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, refiriéndose a un proceso legislativo iniciado el miércoles contra los jueces del TSJ.

El martes, una marcha que pretendía acompañar a los asambleístas al palacio legislativo fue dispersada por la policía con bombas de gas y chorros de agua, y dejó, según la oposición, medio centenar de lesionados, uno de ellos de bala, y una docena de arrestos.

La nueva movilización opositora recorrerá varios puntos de la autopista más importante de Caracas hasta el acomodado barrio de Altamira, lejos del hemiciclo.

Hacia el Parlamento marchará el chavismo para protestar contra el «golpe parlamentario» que -alega- quiere dar la cámara en su cruzada contra el TSJ.

«Griten alto, bajo, hagan violencia, llamen a guarimbas (protestas violentas) o a liquidar magistrados, no pueden destituirlos sin violar la Constitución», dijo el jefe de la bancada oficialista, Héctor Rodríguez, al convocar la manifestación.

 Olla de presión 
Se prevé que las movilizaciones estén acompañadas de un amplio despliegue policial y militar, pero el riesgo de enfrentamientos está latente.

Los hubo el miércoles en las ciudad de San Cristóbal, fronteriza con Colombia, y Valencia, en el centro-norte, entre uniformados y estudiantes universitarios que respondieron con piedras y palos a gases lacrimógenos. Directivos de las universidades reportaron 21 heridos en San Cristóbal y 14 en Valencia.

Ahora, el centro de las protestas será el proceso iniciado en la cámara para destituir a los magistrados del TSJ. Sin embargo, la iniciativa tiene escasas posibilidades de prosperar, pues el Poder Moral debe declarar antes que los jueces cometieron una «falta grave».

Dicha instancia la integran la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría, cercanas al chavismo. Aunque la fiscal general, Luisa Ortega, consideró la semana pasada los dictámenes del TSJ como una «ruptura del orden constitucional», abriendo una fisura en el oficialismo, se requeriría un voto más para calificar la falta. Ya el defensor del pueblo, Tarek William Saab, descartó que las sentencias cortaran el hilo constitucional.

 «Dejando la piel» 
De todos modos, «Maduro no puede decir ahora que está seguro de los apoyos que tiene dentro de la estructura de poder, incluidas las Fuerzas Armadas», declaró a la AFP el politólogo Luis Salamanca. Por ello, piensa el analista, el mandatario «no tiene interés» en elecciones este año, como exige la oposición.

Los comicios de gobernadores debieron realizarse en diciembre de 2016, pero fueron suspendidos y aún no tienen fecha. Los de alcaldes están pautados para este año y los presidenciales para diciembre de 2018. Maduro solo se refiere en sus alocuciones a las presidenciales del año próximo.

La oleada de marchas se produce además entre creciente presión internacional, en especial de la Organización de Estados Americanos, que el lunes declaró una «grave alteración» del «orden democrático» en el país.

Todo en el marco de una aguda crisis económica, con severa escasez de alimentos básicos y medicinas y una inflación que este año escalará a 1.660%, según el FMI.

«Se trata de transmitir la idea de que la dirigencia de la oposición volvió a la calle, dándolo todo, dejando la piel, tratando de mantener la esperanza de la gente», indicó Salamanca.