Periodista Luis García
Lo que se esperaba comenzó en la madrugada de ese domingo: La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) inició el apresamiento de exfuncionarios, así como de proveedores y supuestos testaferros que se habrían aprovechado para acumular fortunas durante la administración que encabezó el expresidente Danilo Medina.
Destacan entre los primeros detenidos dos hermanos del exmandatario, Carmen Magalys y Alexis Medina Sánchez. La primera se desempeñó como vicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER).
La PEPCA, encabezada por el procurador adjunto Wilson Camacho, dirige el proceso apoyada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y su titular, la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso. Ambos magistrados dirigen a un grupo de fiscales que cuenta con el respaldo de un equipo élite de la Policía Nacional.
La acción de lucha contra eventuales actos de corrupción en que habrían incurrido funcionarios de la pasada administración gubernamental, en sí misma no resulta extraña, en lo general; pero sí cuando se miran los detalles. Y uno de esos detalles radica en el apresamiento, para comenzar, de familiares directos del exmandatario.
Una pregunta obligada sería, ¿Danilo Medina es el blanco de la administración de Luis Abinader en la lucha anticorrupción?
Otro elemento a tomar en cuenta es que a Freddy Hidalgo, exministro de Salud Pública, le hicieron una especie de circo romano.
No solo le allanaron y lo apresaron en su residencia, sino que lo sacaron prácticamente desnudo, a pesar de que solicitaba que le explicasen lo que entendía como una violación a sus derechos.
Esto sucedió a pesar de que la Procuraduría General de la República había informado que actuaría siempre con el debido respeto al proceso penal y a los derechos de los imputados.
Iniciado este proceso, el Gobierno no tiene espacio para retroceso ni bajo el alegato de que la Procuraduría General de la República actúa con absoluta independencia. Y es justo que entienda que en el mundo de hoy gobernar resulta una tarea cada vez más difícil, debido a la complejización de la política y de las luchas desmedidas por el poder, así como la irrupción de la antipolítica, los golpes suaves y el surgimiento de nuevos actores de incidencia local y global.
Prueba de ello ha podido observarse en las últimas décadas en que hasta gobernantes elegidos por la vía democrática han sido desalojados del poder, sin razones aparentes, significando retrocesos en el orden de la institucionalidad democrática.
El economista y politólogo venezolano Moisés Naím ya lo había dicho: “En el siglo XXI, el poder es más fácil de obtener, más difícil de usar y más fácil de perder”.
La sociedad dominicana, en su conjunto, apoyaría todas las acciones que tiendan al castigo efectivo de la corrupción administrativa, vengan de donde vengan. Sin embargo, esta no puede ser convertida en una excusa para que se pretenda vulnerar los derechos de los opositores ni de retaliación política.
La República Dominicana, al igual que los demás países del mundo, vive momentos muy difíciles, como consecuencia de la pandemia del Covid-19, lo que obliga a los gobernantes a actuar con comedimiento en la toma de decisiones.
Los tiempos en que ganar una elección podían ser considerados como un pasaporte para hacer y deshacer las cosas de manera antojadiza hasta la siguiente votación, ya pasaron a la historia. Veamos cómo le va en esta jugada política a la administración de Abinader. El tiempo se encargará de establecerlo, y muy pronto.
