Olivo Rodríguez Huertas critica ley sobre pagos a contratistas y obras públicas
- El jurista calificó la normativa como “un espectáculo deprimente para la democracia dominicana” y cuestionó su constitucionalidad
Santo Domingo, RD. -El abogado Olivo Rodríguez Huertas criticó duramente la reciente ley promulgada para reconocer pagos relacionados con obras públicas y contratistas, al considerar que la normativa representa un grave precedente institucional y jurídico en la República Dominicana.
Durante una entrevista en el programa El Día, Rodríguez Huertas afirmó que la legislación constituye “un espectáculo triste y deprimente para la democracia dominicana” y aseguró que refleja una mala gestión administrativa tanto del Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo.
Cuestiona privilegios y violaciones constitucionales
El jurista sostuvo que la ley presenta “irregularidades claras y groseras”, especialmente porque incluye listados específicos de personas y empresas beneficiadas, algo que —según explicó— contradice el principio constitucional de igualdad ante la ley.
“Las leyes deben tener carácter general e impersonal”, expresó, al cuestionar que la normativa identifique beneficiarios con nombres y apellidos.
También criticó que se pretenda reconocer pagos por obras presuntamente realizadas sin contratos formales previos ni verificaciones técnicas suficientes sobre montos, cubicaciones o registros financieros.
Reclamos debieron ventilarse en tribunales
Rodríguez Huertas señaló que, en un Estado de derecho, los contratistas que alegaran deudas pendientes debieron acudir a los tribunales para reclamar sus derechos mediante demandas ordinarias contra el Estado.
Indicó que la ley evita los mecanismos judiciales tradicionales y sustituye procedimientos legales por una disposición especial aprobada por el Congreso.
“Si existe una deuda, corresponde demostrarla judicialmente”, afirmó.
Dudas sobre controles y transparencia
El exembajador también cuestionó la ausencia de verificaciones sobre si las supuestas acreencias figuraban en los estados financieros de las empresas involucradas o en declaraciones fiscales previas.
A su juicio, el Congreso debió solicitar información a organismos como la Dirección General de Impuestos Internos antes de aprobar la legislación.
Asimismo, criticó la creación de una comisión de veeduría integrada por entidades que, según dijo, no forman parte de los órganos institucionales de control del Estado.
Advierte posible recurso ante el Tribunal Constitucional
Rodríguez Huertas consideró que la ley podría ser impugnada ante el Tribunal Constitucional de la República Dominicana por presuntas violaciones a principios fundamentales del orden constitucional.
También advirtió sobre el impacto económico potencial de la normativa y el riesgo de abrir la puerta a reclamaciones millonarias sin mecanismos adecuados de fiscalización.
Concluyó en un llamado a fortalecer la institucionalidad democrática y evitar decisiones que, a su juicio, debiliten la confianza pública en el manejo de los recursos estatales.
Sobre el autor
Amante de la buena comida, las buenas conversaciones y la comedia. Voiceover y Periodista, me gusta escribir de turismo y temas sociales.
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