Santo Domingo.-El miembro titular de la Junta Central Electoral, Eddy Olivares, solicitó al presidente de ese organismo, Roberto Rosario Márquez, exigirle a la empresa Indra Sistema que explique el porqué muchos de los dispositivos electrónicos adquiridos para las elecciones no funcionaron y otros se descargaron mientras de utilizaban.
En una carta enviada al presidente de la entidad, Olivares también solicita que las proveedoras de los servicios de telecomunicaciones Claro y Orange den una explicación sobre su responsabilidad en las fallas que se produjeron durante el proceso de implementación de la automatización y la transmisión de los resultados de las elecciones.
“Nuestra institución está en la obligación de ofrecerle una explicación convincente al pueblo dominicano sobre las razones que motivaron el fracaso de la implementación automatizada del escrutinio y del registro de concurrentes”.
Solicita auditoría
El documento de ocho páginas señala que la Junta debe ordenar la realización de una auditoría con el objetivo de determinar cuántos de los 16 mil dispositivos de identificación y registro, de los 16 mil aparatos para recuento de boletas y de los 16 mil módulos de impresión, provistos por la empresa Indra Sistemas, S. A., presentaron defectos en la jornada electoral del pasado 15 de mayo y durante el proceso de computo y relación de municipios que se desarrolló en las juntas electorales municipales. Olivares entiende que la JCE está en el deber de adoptar las medidas que sean procedentes para establecer responsabilidades por las referidas fallas.
Deficiencia de los técnicos
Entiende que la población debe saber la causa de la deficiencia y la improvisación que caracterizó el reclutamiento y la capacitación de los auxiliares técnicos y la razón por la que el personal de apoyo de la JCE dejó esperando en muchos recintos a los auxiliares técnicos que acudieron los días viernes 13 y sábado 14 a instalar los equipos de registro de electores y de escrutinio.
Precisó que el origen de las fallas se puede encontrar en negligencias propias de la Junta o de los proveedores de los equipos y servicios utilizados para la implementación del escrutinio y del registro automatizado de concurrentes.
Señaló que la abstención de un 31% es un récord.
