Santo Domingo.- Una ola de demandas judiciales ha sido la respuesta a la verborrea exhibida por algunas personas que hablan por micrófonos aprovechando el universo digital y que, tradicionalmente, eran ignorados en sus acusaciones.
Acusaciones por difamación y señalamientos delicados
Los demandados han sido acusados de difamar a los demandantes por vincularlos con actos de corrupción, narcotráfico, vínculos con gobiernos extranjeros y actos contrarios a la moral y las buenas costumbres.
Ángel Martínez: epicentro del conflicto legal
El caso de mayor repercusión mediática fue el del señor Ángel Martínez a quien, tras su apresamiento por supuesta rebeldía y no comparecer ante una demanda similar, le han llovido otras que, lo mantendrán entretenido en los tribunales por un buen tiempo.
Martínez tiene casos pendientes con el dirigente político Guido Gómez Mazara, con el diputado Gory Moya, Faride Raful y más recientemente, con varios comunicadores que igualmente se han querellado en su contra.
Nuevas demandas: La Tora e Ingrid Jorge también en escena
Hablando de Gory Moya, este también demandó a la señora Claudia Pérez alias La Tora, quien fuera apresada recientemente y luego, dejada en libertad.
Su hija, Ingrid Jorge, también ha sido demandada por Faride Raful luego de que la primera, insistiera en sus redes sociales, de tener videos íntimos de la actual ministra de Interior y Policía.
Los primeros en demandar: comunicadores y figuras públicas
La ola a la que hacemos referencia, inició con los señores Marino Zapete, Edith Febles, Altagracia Salazar y la productora de televisión Mariasela Álvarez quienes demandaron por razones similares a Juan Aníbal Arrendel Núñez, Alfredo de Dios de la Cruz Carvajal, Pedro Manuel Casals García y Aquiles Jiménez Fernández.
Esta disputa, suscitada tras el cierre temporal de la Agencia para el Desarrollo de los Estados Unidos (USAID) y el vertido de informaciones de los demandados a través de plataformas digitales, que indicaban que fueron subsidiados en sus posturas ideológicas por la agencia gubernamental.
Respuesta que se busca en lo legal
En la propuesta de la Ley Orgánica sobre Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, se establece un capítulo específico que regula el funcionamiento de plataformas digitales con usuarios dominicanos.
Según el contenido de la propuesta de Ley, el objetivo es crear un entorno digital más transparente, justo y con garantías procesales claras para los ciudadanos, limitando decisiones arbitrarias de las plataformas tecnológicas sin renunciar a la protección de la libertad de expresión.
Sin embargo y debido a su complejidad, el Congreso debate si aplicarla o relegarla a un nuevo texto legal.
La regulación vigente (Ley 61-32) es noble en sus sanciones además de que está desactualizada.
Hace poco, el senador de la Altagracia depositó otra iniciativa que buscaba penalizar el discurso de odio en redes sociales pero tuvo que retirarlo.
El legislador explicó que la decisión se tomó luego de escuchar con atención a distintos sectores sociales, incluyendo juristas, comunicadores, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos preocupados por los alcances de la iniciativa.
“Hemos tomado la decisión de retirar el proyecto de ley sobre el discurso de odio, tras escuchar con atención la voz de diversos sectores de nuestra sociedad. En democracia, escuchar no es ceder, es actuar con humildad y compromiso”, expresó Duluc en un comunicado difundido por sus canales oficiales.
El proyecto, sometido en junio pasado, buscaba penalizar expresiones en medios digitales que incitaran a la violencia, el odio o la discriminación por razones de raza, orientación sexual, religión, discapacidad, nacionalidad u otras condiciones protegidas.
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