Ojos cerrados ante consumo drogas de la juventud

Observo con mucha preocupación a gran parte de la sociedad dominicana involucrarse en la cotidianidad en cuestiones insustanciales, sin prestar la debida atención a los temas sustanciales que verdaderamente son centrales para la buena marcha de la nación.

Solamente en una civilización del espectáculo pueden tener relevancia situaciones particulares, como las relaciones entre parejas que quieren convivir juntas, aunque sean del mismo género; o el hecho de que una asociación de condóminos se reserve el derecho de rentar un apartamento a una determinada persona. Las redes sociales, y hasta medios tradicionales, han desplegado grandes espacios en las últimas dos semanas para debatir estos temas banales, insustanciales e irrelevantes.

Llama a la atención, sin embargo, que no se le presta la atención a problemáticas que impactan la convivencia nacional.

A veces son reseñados simplemente cumpliendo la rutina informativa, sin hacer el menor esfuerzo de profundización. Uno de esos casos es el que desencadenó la muerte de cinco personas en el municipio Loma de Cabrera, provincia Dajabón, asociado a la venta y consumo de drogas narcóticas.

Una mirada al caso anterior nos revelará la realidad de que los protagonistas son jóvenes cuyas edades no superan los 23 años.

Igual sucedería si hacemos una revisión con el número de personas que mueren en manos de la Policía Nacional, producto de los famosos “intercambios” de disparos a los que estamos acostumbrados.

Lo cierto es que estamos perdiendo a muchos jóvenes que a tempranas edades se involucran en el microtráfico y consumo de estupefacientes, especialmente los que habitan en las zonas más vulnerables del país. Las consecuencias derivadas están en el incremento de actividades de raterismo y atracos, lo que explica el alto nivel de inseguridad ciudadana que registra República Dominicana.

Lo más preocupante radica en que en las esferas oficiales no se disponen de planes destinados a afrontar con éxito ese triste y lúgubre panorama que ensombrece la posibilidad de que las nuevas generaciones impulsen la construcción de una sociedad dominicana políticamente responsable, económicamente más sustentable y éticamente más solidaria.

Teóricamente, disponemos de un Consejo Nacional de Drogas que, de conformidad con el mandato de ley, tiene como objetivo educar a la población, especialmente a los adolescentes y sus familias, sobre las consecuencias legales asociadas al tráfico y consumo de sustancias prohibidas, así como fomentar la comprensión de las leyes en un lenguaje accesible y pedagógico. Desafortunadamente, en la práctica esa institución hace poco, por no atribuirle nada.

Mientras que el caso de la Policía resulta aún más preocupante; llueven las denuncias de complicidades de agentes con los que gestionan los denominados “puntos” de drogas diseminados en toda la geografía nacional.

De la Dirección Nacional de Control de Drogas, informa frecuentemente de incautaciones de cargamentos de drogas, pero rara vez presenta a los responsables de los mismos, lo que despierta serias sospechas de complicidades.

Al Ministerio Público, de su lado, no se le nota dinamismo en la lucha contra el narcotráfico; su misión va más orientada a la elaboración de expedientes contra la corrupción del pasado gobierno, pero mirado hacia otro lado respecto a la actual gestión.

La única manera de frenar la incursión de parte de nuestros jóvenes en el vicio de estupefacientes está en la viabilización de políticas públicas mediante las cuales se les garanticen oportunidades de educación, recreación, deportes, acceso a los activos culturales y empleos que respondan a sus expectativas.

Hay que cuidar el presente de la juventud con la finalidad de que la actual generación pueda legar una República Dominicana más próspera en el futuro.