Los medios de comunicación nos inundan a diario con una cantidad de cifras que en ocasiones son positivas, y otras, no. Tal es el caso de las positivas, como que en el mes pasado nos visitaron unos 735 mil turistas.

Así también se nos informa que 35 mil policías recibirán cursos que apoyarán su reforma educativa. De igual manera el Banco Central nos alegra con la noticia de que la economía dominicana registró en el primer semestre del año un crecimiento del 5.6 %.

Pero también se divulga una cantidad de cifras negativas que ponen en entredicho la viabilidad futura de nuestro actual sistema social de mercado en un régimen democrático.

Tal es el caso de la participación de conciudadanos en actividades ilícitas, que no hay cómo entenderlas, más allá de la ambición devoradora de lo que puede ser la educación y los valores adquiridos en su juventud.

En primer plano nos enteramos de las multimillonarias transacciones opacas en el sector salud, sean por la vía penitenciaria o sanitaria. Así también se han divulgado operaciones turbias desde el Ministerio de Hacienda. Las sumas que se mencionan están en los niveles de miles de millones de pesos, algo inaudito.

El perfil de esas mismas transacciones tiene rasgos comunes con otras llevadas a cabo en el sistema judicial o en el sistema educativo.

Esto último se agrava con la escalofriante noticia de que unos 684 mil estudiantes dejaron de tomar clases en el pasado año escolar en comparación con el anterior.

Y todo esto acontece en momentos en que funcionarios públicos aprovechan disposiciones legales para llevar a cabo aumentos de sueldos que parecen carecer de tacto o capacidades de percepción de la realidad económica imperante en el país.

El momento requiere una puesta a fondo de la lógica y el buen sentido en la toma de decisiones. Por igual, la sociedad exige en estos casos tan tóxicos la aplicación drástica de las leyes, sin contemplaciones ni consideraciones.
¡No permitamos que ambiciones desmedidas acaben con nuestro sistema político y social!