Brasilia.-Oi, SA, el operador de telefonía brasileño bajo protección por bancarrota, tendrá hasta 20 años para pagar los más de 20,000 millones de reales (US$6,400 millones) en multas y honorarios que debe a los reguladores, de acuerdo con el borrador de un decreto del gobierno que se espera sea promulgado pronto.
El cambio aliviaría la presión sobre Oi al permitir que la empresa extienda los pagos más allá del actual límite de siete años, lo que facilitará el camino para que la compañía reestructure US$19,000 millones en deuda, según un borrador del decreto obtenido por Bloomberg.
El decreto también incluye lenguaje que podría ser ominoso para Oi, ya que establece pasos para que el gobierno asuma la dirección de una compañía telefónica si el servicio para los usuarios está en peligro de ser interrumpido.
El decreto está siendo revisado por las agencias a nivel de gabinete y necesitará la firma del presidente Michel Temer para ser oficial.
La presión ha estado elevándose sobre el gobierno para que intervenga en el caso de la bancarrota, que se ha estancado en una disputa entre accionistas y tenedores de bonos.
El gobierno ha dicho que prefiere dejar que el sector privado maneje la reestructuración de la deuda y solo está sentando las bases legales para una intervención para protegerlos intereses de los clientes de Oi. Al darle más tiempo a Oi para pagar sus deudas regulatorias, el gobierno proporcionaría a la compañía más flexibilidad para trabajaren un compromiso con otras partes interesadas.
El decreto agrega lenguaje a la ley de quiebras de Brasil y una ley que determina cómo las deudas pueden ser pagadas al gobierno, diciendo que las compañías que tienen licencias o autorizaciones para operar servicios de interés público tendrán hasta 240 meses para pagar su deuda no tributaria al gobierno, en cuotas progresivas.
Las nuevas reglas se aplican a los operadores que están bajo protección por bancarrota o cuya operación ha sido asumida por el gobierno. El resto de la deuda debe ser pagado al final del período de 20 años.
Las reglas estipularían los pagos de Oi a 90 plazos mensuales mínimos de 50 millones de reales, seguidos por 90 cuotas mínimas de 66,6 millones de reales y luego 58 pagos de 133,2 millones de reales, según cálculos de Bloomberg, tomando en cuenta los 20,000 millones de reales que Oi debe, según el regulador de telecomunicaciones Anatel. El pago final, de la deuda restante, sería de 1,650 millones de reales.
Además de los planes de pago a plazos, los concesionarios en régimen de quiebra pueden reducir sus deudas no tributarias comprometiendo inversiones que promueven objetivos de política pública o mejorando su conducta durante un período de prueba, de acuerdo con el decreto.
Una toma de control del gobierno ocurriría si un proveedor de servicios públicos «se encuentra en una situación financiera que pone en riesgo la prestación de servicios a la población», dice el proyecto de decreto. Esto ampliará el alcance de la ley actual, que permite la intervención sólo si el servicio público está realmente afectado y sólo si el servicio está dentro del alcance de la licencia gubernamental.
Una intervención duraría por lo menos un año y hasta tres, dice el borrador del decreto.
