El juez de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso este lunes medidas de coerción contra los diez imputados en el denominado caso Pandora.
Santo Domingo.-Los oficiales de la Policía imputados en el caso Pandora se valieron de sus funciones y crearon una estructura criminal con operaciones delictiva en la institución para sustraer municiones, armas, pertrechos para traficar y venderlas a pandillas haitianas en Haití.
Así consta en la solicitud de medida de coerción donde el Ministerio Público pide prisión preventiva a los imputados, quienes vendían las municiones a través de un contacto del referido país, por un costo que oscilaba entre 200 a 240 mil pesos que pagaban con dinero en efectivo a un cabo de nombre Rosario y cargaba en mochila.
El contacto visitaba de manera constante la Intendencia de Arma de la Policía. Dicho dinero se entregaba al intendente de Armas, el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, que producto del ilícito adquirió bienes y realizaba una construcción de una inmobiliaria en Bonao, provincia Monseñor Nouel.
Los imputados para ocultar los faltantes de las cajas de las municiones procedieron a rellenar con proyectiles del polígono de la sede de la Policía, acción que los miembros de la institución denominan activo falso.
En el documento se indica que los imputados confeccionaron cajas falsas para cubrir los faltantes de las municiones.
Otra de las maniobras irregulares que cometieron los miembros de la red criminal del caso Pandora fue que alteraban las armas de fogueo, cambiando el cañón para disparar municiones y luego vendían a civiles.
En el expediente también figuran el subintendente Juan Miguel Pérez Soler. Los capitanes Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos; el auditor Víctor Manuel Santos, este último había alterado los resultados de una auditoría realizada en febrero para ocultar la sustracción de cientos de municiones; y el segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio, armero de la Dirección Regional Cibao Central.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, calificó de grave el caso Pandora que operaba dentro de la Policía Nacional y que involucra a varios agentes de la institución, porque “compromete la seguridad de la República Dominicana y es una traición a la patria”.
La solicitud de coerción consta de 213 páginas sustentadas con unos 235 elementos de prueba. Son suficientes para el pedimento que realiza el Ministerio Público, que consiste en la imposición de prisión y la declaración de complejidad del proceso, que imputa a diez personas y a una empresa. Aseguró que la investigación arrojará nuevos implicados.
Audiencia
— Medida
La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó para lunes 25, a las 2:00 de la tarde conocer la solicitud de medida de coerción a los miembros de la Policía implicado en la red del caso Pandora.
