Santo Domingo.-El Poder Ejecutivo puso en retiro por antigüedad en el servicio y con disfrute de pensión a los oficiales superiores adscritos a la Dirección Central Antinarcóticos de la Policía Nacional (Dican) supuestamente vinculados al robo de 950 kilos de cocaína y que fueron sometidos a la Justicia.
En un “telefonema oficial” emitido por el jefe de la Policía Nacional, mayor general Manuel Castro Castillo, se indica que el Poder Ejecutivo puso en situación de “retiro forzoso con pensión por razones de antigüedad en el servicio” al coronel Carlos Fernández Valerio, al teniente coronel Félix Humberto Paulino López, el mayor Ruddy José Japa Álvarez y el mayor Luciano Gómez Cabrera.
Un especialista en asuntos policiales explicó a EL DÍA que cuando oficiales son puestos en retiro forzoso el único privilegio que no se les concede, con relación a los demás puestos en retiro, es que no son ascendidos al al rango inmediatamente superior, lo cual implica que estos oficiales superiores disfrutarán de todas las concesiones dispuestas para esos pensionados.
Los suboficiales, clases y alistados involucrados en el caso fueron cancelados de manera administrativa.
La medida dispuesta por el Presidente de la República desconoce la recomendación que hiciera el Consejo Superior Policial, el cual pidió la cancelación de los nombramientos de los oficiales superiores supuestamente involucrados en el robo y venta de 950 kilos de cocaína.
Ley Policial
De acuerdo a la ley de la institución, en su artículo 97 establece preservar los derechos acumulados en los casos en que un miembro de la Policía Nacional cometiere una falta que amerite su separación y se encuentre dentro del tiempo establecido para el retiro voluntario, que la sanción a la falta no perjudicará su derecho a pensión, pero no podrá ser promovido al grado superior inmediato, si tuviere el tiempo requerido para ello.
Agentes cancelados
Los cancelados por el Poder Ejecutivo fueron Bárbaro Gómez Cabrera, el cabo Agapito Muñoz Evangelista, el sargento Pedro Almánzar González, el sargento mayor Antolín de los Santos Zabala y la raso Raidirys García Miranda.
En tanto que la Procuraduría General de la República continúa la investigación del caso para capturar al capitán policial Santos Medina Familia, vinculado a la venta de la cocaína sustraída de la Dican.
Contra los fiscales adjuntos Ramón Augusto Veras y Máximo Antonio Díaz Ogando, el coronel Fernández Valerio y el teniente coronel Paulino López se dispuso prisión como coerción.
