SANTO DOMINGO.- La Organización de Estados Americanos (OEA) abrirá el lunes su 46 Asamblea General en la capital dominicana con las crisis de Venezuela y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el punto de mira, aunque fuera de la agenda oficial.
La Asamblea, la cita anual de máximo nivel de la organización, reunirá a las delegaciones de los 34 Estados miembros -todos los del continente menos Cuba- entre el 13 y el 15 de junio con el “Fortalecimiento institucional para el desarrollo sostenible en las Américas” como tema oficial elegido por el país anfitrión.
La reunión de la OEA, a la que asistirán al menos 20 cancilleres, llega en uno de sus momentos más convulsos de los últimos años, con fuerte división en torno a cómo actuar en la crisis política y social de Venezuela y con la CIDH al borde del abismo económico.
Estos dos temas no forman parte de la agenda oficial pero tanto uno como otro serán abordados de una u otra manera en las sesiones públicas y privadas de la Asamblea, según explicaron a Efe fuentes diplomáticas y de la CIDH.
En el almuerzo privado que mantendrán el martes los jefes de delegación, que en su mayoría son los cancilleres, con el secretario general, Luis Almagro, se discutirá el papel de la OEA en la crisis de Venezuela y su propuesta de aplicarle la Carta Democrática, según las mismas fuentes.
Ese diálogo dará pistas sobre la sesión del 23 de junio en Washington, cuando los países de la OEA votarán por mayoría (18) si prosiguen con el proceso gradual de la Carta, que puede llevar a gestiones diplomáticas, a convocar una reunión urgente de cancilleres (24 votos de los embajadores) o, en último lugar, a suspender a Venezuela del ente (24 votos de los cancilleres).
Aunque no descarta llegar a la suspensión, lo que busca Almagro es aumentar la presión internacional sobre el Gobierno de Nicolás Maduro para que acepte el referendo revocatorio que pide la oposición y libere a los que esta considera presos políticos.
Por el momento solo Paraguay ha dado apoyo explícito a su propuesta, pero Almagro está “muy tranquilo” y convencido de que prosperará, porque a la hora de votarla “los países van a estar del lado correcto de la historia”, según dijo la semana pasada en una entrevista con Efe.
El otro tema en el punto de mira es la CIDH, el órgano autónomo de derechos humanos de la OEA, que vive la peor crisis financiera de su historia y tendrá que despedir al 40 % de su personal (30 personas) en julio y suspender labores clave si no recibe antes del 15 de junio -último día de la Asamblea- los dos millones de dólares que le faltan este año para cumplir mínimamente con sus funciones.
“El tema de Venezuela será un tema principal en los diálogos políticos, pero también el tema de la crisis de la CIDH ha tomado relevancia continental, ha generado un debate público en todo el continente de enorme resonancia, hemos recibido miles de expresiones de apoyo”, dijo hoy a Efe el secretario ejecutivo de la Comisión, Emilio Álvarez Icaza.
“La Comisión va con el ánimo de encontrar respuestas, apoyos y recursos no solo para salir de esta crisis sino donde los Estados, como actores principales, reanuden un compromiso financiero y político estable”, agregó.
Álvarez Icaza, parte de su equipo y el presidente de la CIDH, James Cavallaro, tienen previsto mantener reuniones privadas bilaterales con varios Estados miembros entre el domingo y el miércoles para abordar esta crisis.
Cavallaro presentará el informe anual de la CIDH en la sesión plenaria del miércoles y pedirá a los Estados que se comprometan a asegurarle una financiación estable, ya que ahora la comisión solo recibe el 6 % (4,8 millones de dólares) del presupuesto general de la OEA y otros 5 millones que dependen de donaciones voluntarias y, por tanto, inciertas.
“Panamá, Chile, Uruguay, Argentina, Costa Rica, Colombia, Canadá y Estados Unidos nos han expresado su respaldo y la voluntad de revisar la cantidad que nos aportan (de fondos voluntarios), pero por el momento solo tenemos confirmados 122.000 dólares de Chile y 1.800 dólares de Antigua y Barbuda (el 10% de lo que aporta a la OEA)”, explicó Icaza.
“Lo que no quiere la comisión es que esto se convierta en un debate para ver cómo se limitan sus atribuciones, creemos que los respaldos políticos que se han dado son fundamentales para ver que la comisión es una entidad muy valorada”, añadió.
Con estos dos acuciantes temas sobre la mesa, Santo Domingo acogerá su segunda Asamblea de la OEA en una década y una de las que más expectativas han generado en los últimos años, además de la que en 2009 anuló la expulsión de Cuba, país que no ha mostrado desde entonces ningún interés en reincorporarse al ente.
