Sao Paulo.– La constructora brasileña Odebrecht, envuelta en el gigantesco caso de corrupción en Petrobras y sobornos en varios países, tiene previsto una oferta de acciones en su división de infraestructuras y apartar de su dirección a los miembros de la familia propietaria y que da nombre a la empresa.
La reestructuración de la corporación está en el marco de una nueva estrategia para “sobrevivir” a la operación Lava Jato, como se conoce la investigación que indaga desde hace tres años los millonarios desvíos en el seno de la petrolera estatal, según publicó hoy el diario Valor Económico.
Fuentes de Odebrecht confirmaron a Efe la información divulgada por el periódico. En este sentido, la familia Odebrecht, que controla la empresa desde su fundación, abandonará los cargos que ocupa en el Consejo de Administración, así como la presidencia ejecutiva del grupo, aunque se reservará el derecho de nombrar a miembros independientes.
“Emílio (Odebrecht) está tomando las medidas en el ámbito de Kieppe (compañía a través del cual la familia controla el negocio) para que todas esas prácticas y políticas sean ya documentadas”, dijo el presidente de Odebrecht, Newton de Souza, citado en Valor Económico.
Emílio, antiguo dirigente de la constructora, es padre del también expresidente de la compañía, Marcelo Odebrecht, preso desde 2015 y condenado a 19 años y 4 meses de cárcel por corrupción pasiva, asociación para delinquir y lavado de dinero.
La constructora pagaba millonarios sobornos para adjudicarse los contratos de Petrobras y ofrecía financiación electoral ilegal a los políticos que amparaban las corruptelas en Brasil y otros países de Latinoamérica y África.
En un intento por lavar su imagen de cara al exterior, De Souza confirmó que existe un proyecto en gestación para abrir capital en 2018 a su división Odebrecht Ingeniería y Construcción (OEC en sus siglas en portugués).
La intención es recuperar la confianza del mercado con la oferta en la bolsa de Sao Paulo de acciones del sector de infraestructuras de la empresa, que engloba a la Constructora Norberto Odebrecht (CNO) y a las actividades internacionales de esa área, además de la rama industrial.
En diciembre pasado, Odebrecht anunció la firma de acuerdos por los que se comprometió a pagar multas sumadas por 6.959,4 millones de reales (unos 2.175 millones de dólares) a los gobiernos de EE.UU., Brasil y Suiza para compensar los actos ilícitos por los que se le investiga.
En paralelo a esos acuerdos, el Departamento de Justicia de EE.UU. divulgó unos documentos que desvelaron que la constructora pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, incluido Brasil.
Los pagos se hicieron en relación con “más de 100 proyectos en 12 países, incluidos Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela”, según los documentos del Tribunal del Distrito Occidental de Nueva York.
En el acuerdo de colaboración con la Justicia brasileña, la mayor constructora del país, además de admitir su culpa, pagar una multa y comprometerse a no repetir las mismas prácticas, colaboró en las investigaciones por medio de las delaciones ofrecidas por 77 ejecutivos de Odebrecht a cambio de reducción en sus futuras condenas.
Los testimonios, según lo trascendido, han precisado con todo lujo de detalles los sobornos pagados por la compañía a unos 200 políticos a cambio de su intermediación en la obtención de contratos con Petrobras y otros organismos y empresas públicas.
A falta de la homologación de las mismas por parte de la Corte Suprema, tarea de la que se ocupaba el magistrado Teori Zavascki, fallecido el jueves en un accidente aéreo, la información contenida en esas declaraciones podría suponer “el fin del mundo” en la política brasileña, según declaró el procurador general de la República, Rodrigo Janot.
