Arrastramos desde hace meses una peculiar y muy inquieta tranquilidad que se nos manifiesta como una extraña calma recargada en extremo por ansiedad, angustia y desazón, todo a causa de una larga espera de algo realmente interesante como es el desenlace previsible de lo que hemos dado en llamar “el escándalo Odebrecht”.
Desde finales del año 2016, la constructora Odebrecht, brasileira, quizás la más grande de Latinoamérica, había admitido que otorgó jugosos sobornos a autoridades estatales de varios países del Nuevo Mundo, tales como Venezuela, Colombia, Argentina, Perú y otros más, entre los que se incluye a República Dominicana, todo con la idea, se piensa, de que el comportamiento de esos funcionarios se volviese laxo y le beneficiara en la evaluación de las propuestas llevadas a concurso por ella.
Pero aquí, en República Dominicana, al parecer, los sobornos no solo buscaron adjudicarle contratos a Odebrecht frente a competidores leales y formales, sino también obtener, como móvil principal del cohecho, la desleal aprobación de unas depredadoras y corruptas sobrevaluaciones que en algunos casos, según se dice, duplicaron el precio licitado por competidores, chinos y norteamericanos por ejemplo, ante los cuales el país ha resultado ahora virtualmente desacreditado.
Dichos sobornos fueron pues concebidos deliberadamente como delito, burla, estafa y abuso para dañar al pueblo dominicano y a las empresas concursantes, pues“… quien compite lealmente y gana en buena lid no necesita estimular con sobornos a nadie…”.
Odebrecht dijo que distribuyó sobornos por US$92 millones en RD, pero ante un panorama tan oscuro como el prevaleciente en este caso, uno no sabe si creer en esa cifra, o si el pago fue mucho mayor, como dicen algunos comentaristas.
De todas formas, esa suma equivale a RD$4,600 millones que, engrosados por una penalidad ya convenida de 100 %, se elevaría a RD$9,200 millones, cifra total muy cercana ala cuarta parte de la asignación que el Estado debiera entregarle anualmente a la UASD,según manda la Ley de Autonomía del año 1961, la cual establece para esa finalidad un 5 % del Presupuesto Nacional.
Miremos por ahí la repercusión que ha tenido esa sola fechoría en las finanzas públicas del país, sin hablar de otras, igualmente conocidas, que defraudan y restan capacidad al tesoro nacional.
Ojalá todo se esclarezca y se haga Justicia. En ello nos va la vida en cuanto país civilizado.
