Foto de archivo.
Santo Domingo.-La empresa Odebrecht se ha ofrecido a delatar a los sobornados en la República Dominicana si el juez del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Danilo Amador Quevedo, acoge mañana la homologación de un acuerdo al que ha llegado con la Procuraduría General de la República.
En el mismo la constructora admite la violación de las leyes del país para la adjudicación de obras del Estado, y se compromete a pagar una indemnización de 184 millones de dólares.
Así lo hace constar el Ministerio Público en una declaración pública emitida ayer en la que se precisa que al caso se le aplicará el “criterio de oportunidad” establecido en el Código Procesal Penal.
La Procuraduría justifica la figura a la que busca acogerse señalando que la empresa transnacional reconoce haber cometido el delito de soborno y acepta la obligación “innegociable de entregar información específica sobre los sobornados y el destino de los fondos”.
Explica que las autoridades dominicanas empezarán a recibir estas informaciones detalladas de Odebrecht en un plazo no mayor de 30 días a partir del momento en que el juez valide el acuerdo.
El magistrado Quevedo fijó audiencia para mañana.
Las autoridades judiciales dominicanas indicaron que esta negociación con Odebrecht permitirá identificar quiénes fueron sobornados en el país y que así puedan ser sometidos a la Justicia.
El organismo investigador destacó que los datos que entregará Odebrecht junto a la información que será suministrada por las autoridades brasileñas y la recabada durante la investigación local permitirán realizar más rápido lo que muchos esperan, el sometimiento a la Justicia de todo el que, sin excepción, haya violado las leyes.
Señaló además, que el acuerdo de colaboración solamente abarca el delito de soborno, por lo que no limita que se realice alguna investigación sobre otras infracciones.
Indicó también que en su momento dará a conocer al país, a través de los medios de comunicación, las informaciones obtenidas, sin perjudicar de la legalidad de la investigación.
Recordó que ya la multinacional admitió que pagó US$92 millones en sobornos para lograr contratos de obras del Estado en República Dominicana desde 2001 hasta 2014.
Manifestó el compromiso de la institución con la erradicación de la corrupción administrativa, por lo cual, en este caso, se ha trazado como objetivo principal desmantelar por completo la estructura delictiva que facilitó la movilización de fondos destinados a los sobornos.
Agregó que amparada en el principio jurídico de que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa, los empleados y directivos de la constructora brasileña no serán enjuiciados en República Dominicana, porque serán procesados judicialmente en Brasil, y que los sobornados serán juzgados en República Dominicana.
Legislación
Según la Ley 550-14, en el principio de territorialidad se establece que la República Dominicana aplica sus leyes a las infracciones cometidas total o parcialmente en el país o cuyos efectos se producen en su territorio, cuya extensión y ubicación están definidos en la Constitución dominicana.
Investigación
El procurador Jean Alain Rodríguez, junto a la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa realizan la investigación por el caso iniciada en diciembre del año pasado.
Las autoridades hasta el momento han citado e interrogado a más de 30 personas , como son funcionarios, exfuncionarios, abogado y empresarios.
También allanaron las oficinas de Odebrecht en el pais, como parte de las diligencias de las pesquisas que llevan a cabo.
Juez de EU formaliza multa a constructora
Un juez federal de Nueva York condenó ayer a la constructora brasileña Odebrecht a pagar una multa de 2,600 millones de dólares por el escándalo de los sobornos a funcionarios de doce países de Latinoamérica y África.
Odebrecht deberá pagar 2,390 millones de dólares en Brasil, 116 millones en Suiza y otros 93 millones en Estados Unidos tras la sentencia que dictó el juez Raymond Dearie.
La multimillonaria sanción, que se dio a conocer en un tribunal de Brooklyn, es el resultado de un acuerdo entre la constructora brasileña con el Departamento de Justicia, así como con las autoridades de Brasil y Suiza.
