Santo Domingo. El Proyecto de Ley de Modernización y Transformación de la Policía Nacional, depositado ante el Senado de la República, incorpora nuevas categorías y establece normas más estrictas y transparentes para los ascensos, con el objetivo de profesionalizar la institución, estandarizar los procesos internos y garantizar que cada promoción responda a méritos verificables.
La propuesta organiza la jerarquía policial en tres grandes escalas: Directiva, Intermedia y Básica, cada una con rangos específicos y un sistema de progresión claramente delimitado.
En la Escala Directiva, se agrupan los oficiales de más alto rango. Esta se divide en tres niveles: oficiales generales (General Superior, Mayor General y General), oficiales superiores (Coronel, Teniente Coronel y Mayor) y oficiales subalternos (Capitán, Primer Teniente y Segundo Teniente). Esta estructura se mantiene como la columna vertebral del mando institucional, pero exige a sus aspirantes mayores niveles de formación académica, experiencia operativa y evaluación profesional.
La Escala Intermedia queda conformada por rangos que supervisan directamente el servicio policial. Incluye a Comisario, Subcomisario, Sargento, Cabo Primero y Cabo Segundo. Estas posiciones representan el núcleo operativo de supervisión en calles, cuarteles y unidades especializadas.
La Escala Básica, por su parte, se transforma significativamente con la incorporación de cinco niveles de Agente Patrullero, desde Quinto hasta Primero. Este cambio busca profesionalizar el rol del servidor policial de primera línea, asignando un reconocimiento gradual basado en el tiempo de servicio, desempeño, cursos requeridos y especialización.
Ingresos más rigurosos a los diferentes rangos
Según el proyecto, el ascenso a general será decidido por el Presidente de la República, previa opinión favorable del Consejo Superior Policial, entre los coroneles que cumplan requisitos estrictos. Entre estos, los aspirantes deben haber acumulado un mínimo de 30 años de servicio policial, cumplir con todas las condiciones establecidas en la ley y contar con certificación en los programas formativos del Instituto Policial de Educación Superior (IPES), en apego al reglamento de aplicación de la norma.
Así mismo, establece un proceso de selección en cuatro fases, diseñado para evaluar la trayectoria profesional de los coroneles de manera objetiva y rigurosa.
La responsabilidad de la selección recae sobre el Consejo Superior Policial, que entrevistará a los coroneles y determinará los perfiles más idóneos para cursar la formación de Alta Dirección Policial, antes de enviar la propuesta final al Presidente de la República. Los seleccionados deberán iniciar un curso de capacitación estructurado por el IPES, con una duración mínima de seis meses, antes de asumir el rango de general.
La propuesta también establece medidas claras para el personal que no sea seleccionado. Los coroneles que no sean considerados para cursar la Alta Dirección Policial pasarán automáticamente a la situación honrosa de retiro, garantizando la renovación y eficiencia de la cúpula de la institución.
De igual forma modifica las condiciones de ingreso al escalafón policial. Para convertirse en oficial, el aspirante deberá ser egresado de la Licenciatura en Ciencias Policiales impartida por el IPES, o poseer un grado universitario complementado con una especialización en el servicio operativo.
En el caso de los mandos intermedios, se establece que quienes superen un proceso formativo mínimo de seis meses y cumplan con los requisitos de salud, validación de competencias, antecedentes y aprobación académica podrán ingresar como Cabo Segundo.
Para los Agentes Patrulleros, se requiere un proceso de formación técnico superior de al menos un año, además de validaciones profesionales y de salud, requisitos académicos y ausencia de antecedentes penales. Este personal será destinado inicialmente al servicio preventivo durante dos años, priorizando así la atención directa a la ciudadanía.
Ascensos más estrictos
El proyecto de ley establece un sistema mucho más exigente para los ascensos, eliminando las prácticas discrecionales y obligando a que toda promoción se base en requisitos previamente definidos y verificables.
Para ascender, los oficiales y mandos intermedios deberán cumplir tiempos mínimos de servicio en cada rango, que oscilan entre cuatro y cinco años según la jerarquía, además de aprobar cursos formativos del Instituto Policial de Educación Superior, gozar de buena salud física y mental, obtener evaluaciones de desempeño favorables y superar validaciones de competencias actualizadas.
Un aspecto innovador es la obligación de cumplir un año mínimo de servicio operativo en procesos misionales, requisito que será exigible hasta el rango de coronel. Este punto busca evitar que los ascensos se concentren en personal administrativo o alejado del trabajo preventivo y operativo.
Para los ascensos en la Escala Directiva, el proyecto exige preparación académica de alto nivel, como maestrías en administración policial o cursos en alta dirección. Incluso establece que la evaluación para ascender a general incluirá procesos de depuración realizados por múltiples organismos, entrevistas ante el Consejo Superior Policial y revisiones exhaustivas de trayectoria.
Escala Básica
Los agentes patrulleros también contarán con un sistema propio de ascensos interno que permitirá avanzar desde el nivel quinto al primero. Cada promoción requerirá cinco años de servicio, validaciones de competencias, cursos obligatorios, historial disciplinario limpio y desempeño en cargos operativos.
Este mecanismo reconoce la labor del personal que enfrenta directamente las necesidades de seguridad de la población, y al mismo tiempo establece una carrera profesional más clara para quienes tradicionalmente tenían pocas oportunidades de ascenso.
Otro punto clave es la institucionalización de la fecha de ascensos: todos deberán realizarse el 27 de febrero. Esto elimina prácticas de ascensos aislados o discrecionales durante el año y fortalece la transparencia del proceso.
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Joan Vargas
Joan Kennedy Vargas, periodista dominicano. Cubre la fuente de la Presidencia de la República, Policía, Fuerzas Armadas y DNCD.